Antes de abrir el nuevo concurso, además del respaldo de otros grupos políticos, el equipo de gobierno también busca contar con "todas las garantías legales" que reduzcan las posibilidades de que el proceso sea impugnado por las empresas licitadoras. Para ello, se ha encargado un informe externo que clarifique el panorama normativo que es de aplicación en el ámbito de las contrataciones públicas. Al parecer, algunas empresas están aprovechando las contradicciones entre la normativa española y la europea para impugnar procesos abiertos en otras ciudades.
Aunque parece claro que la norma europea manda sobre la legislación española aunque el Gobierno no haya hecho la transposición de la directiva en nuestro ordenamiento jurídico, el equipo de gobierno quiere ir sobre seguro. En cualquier caso, matiza Armengol, a pesar de esta incertidumbre legal "el concurso del autobús urbano es un tema prioritario para el Ayuntamiento".
Aunque hace unos días, miembros del bipartito especularon con la idea de prorrogar el servicio de autobús hasta 2019 y no abrir la licitación hasta entonces, Armengol subraya que "no hay ninguna intención de dejarlo adormecido hasta 2019, aunque tengamos ese tiempo de margen".
Para ERC, de hecho, agotar los plazos, sería un "error" desde el punto de vista estratégico ya que "obligaría al Ayuntamiento a aceptar cualquier oferta para no quedarnos sin servicio". Cabe recordar que el actual contrato con Tmesa expiró en 2009 y que el tiempo máximo que puede estar prorrogado cumple en diciembre de 2019.
Tampoco sería adecuado esperar estos tres años hasta agotar los plazos, prosigue Caballero, porque si hay contratiempos, en forma de recursos de las operadoras -como ocurrió en el proceso anterior- "¿qué pasaría con el autobús si legalmente no podemos hacer más prórrogas?".
