El comité de empresa de Tmesa quiere que la futura operadora del autobús urbano se comprometa a respetar el convenio laboral antes de convertirse formalmente en la adjudicataria del servicio.
Los delegados del comité acaban de iniciar una ronda de entrevistas que les llevará a verse con todos los grupos municipales. Quieren hacerles llegar sus peticiones antes de que se ponga en marcha el nuevo periodo concesional ya que todo apunta a que habrá nuevo concurso. Su principal reclamación es clara: "Queremos que el pliego de condiciones obligue a la licitadora a asumir nuestro convenio antes de firmar el contrato de adjudicación para así blindar nuestros derechos sociales y laborales", explica Antonio Burgos, secretario general de UGT en Tmesa.
La plantilla dispone de un convenio propio, que precisamente está renegociando porque está prorrogado desde 2015, con condiciones más ventajosas que otros acuerdos colectivos. Por ejemplo, el convenio provincial contempla 50 horas más de trabajo al año que lo estipulado en el de Tmesa y fija un salario un 25% inferior al que se paga en la empresa egarense. "Tememos que cuando nuestro convenio decaiga, la adjudicataria se acoja al convenio provincial, al sectorial o al estatuto de los trabajadores, todos ellos con peores condiciones que las nuestras", apunta Burgos.
Temor a una discriminación
El comité, además, teme que se cree una doble escala salarial, de manera que los nuevos trabajadores que entren a Tmesa cobren menos y tengan menos derechos que los empleados fijos. "Queremos que se garantice que a igual trabajo habrá igual salario. Si nos imponen una doble escala, a medida que aumente la plantilla, esto será una olla a presión que nos dividirá", afirma el delegado de UGT.
Burgos denuncia que el descenso de costes que están registrando muchas concesiones de servicios públicos en los últimos años "es a costa del trabajador" y advierte de que esto, a medio plazo, "acaba repercutiendo sobre la calidad del servicio", que en el caso de Terrassa afirma que es "muy buena".
El objetivo del comité, que ya anuncia que buscará asesoramiento legal experto para afrontar la nueva licitación, es hallar herramientas para "proteger" sus actuales condiciones laborales.
