El conseller Josep Rull escenificó ayer la enésima manifestación del disenso de su departamento y por extensión de la administración de la Generalitat con el Estado. En esta ocasión, no obstante, las declaraciones del conseller Rull fueron contundentes y en ellas se incluía el anuncio de un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra Adif. La tormentosa relación de la conselleria de Territori con el gestor español de infraestructuras ferroviarias (Adif) puede considerarse el paradigma de lo que en la mayoría de los ámbitos de gestión existe entre la Generalitat y el Gobierno de España, que no es otra cosa que la historia de un desencuentro que afecta directa y negativamente a Catalunya.
Josep Rull y antes Santi Vila llegaron a una serie de acuerdos con la ex ministra Ana Pastor, hoy presidenta del Congreso de los Diputados. Según afirmó ayer mismo el conseller Rull, Adif asegura que no se siente concernido por esos acuerdos, que no se refieren a otra cosa que a inversiones para la mejora de la red ferroviaria catalana y considera que se trata de una desautorización sin precedentes de una ministra del Gobierno español. El problema es que no se trata de un capricho de los catalanes, sino de la evidencia diaria de que los usuarios de los trenes en Catalunya, especialmente los de cercanías, sufren el deterioro constante de un servicio esencial.
La muestra del agravio comparativo es constante y alimenta un sentimiento de “apartheid” que en Madrid consideran que no está justificado, poniendo sobre la mesa otras inversiones que vienen a paliar el enorme déficit que arrastra la Generalitat. Pero las evidencias son palmarias. Existe un problema grave con la infraestructura ferroviaria en Catalunya y no parece que haya voluntad de encontrar una solución.
El conseller Rull ha solicitado el apoyo de los ayuntamientos en su difícil relación con el Ministerio de Fomento y especialmente con Adif. El equipo de gobierno de Terrassa, la ciudad del conseller, ya ha anunciado que elevará al pleno municipal una propuesta de resolución apoyando el posicionamiento de la Generalitat en su controversia con el Estado. El respaldo a Rull de los ayuntamientos catalanes no se hará esperar, simplemente porque el agravio es evidente y las deficiencias discriminatorias.
