El ejecutivo municipal ultima en estos momentos los trámites para una nueva prórroga que prolongue la concesión a Tmesa del servicio del transporte público en Terrassa hasta el año 2019, término que podría verse reducido si se dan las condiciones legales para la convocatoria de un nuevo concurso para adjudicar la concesión.
El gobierno de Jordi Ballart quiere ganar tiempo mientras se clarifica el marco legal de las contrataciones públicas. La legislación española aún no se ha adaptado a la nueva reglamentación europea y eso ha dado lugar a contradicciones que arrojan incertidumbre a los procesos de licitación. De hecho, varios concursos en el ámbito del transporte público han sido impugnados.
El Gobierno central prepara una nueva ley de contrataciones que se ajustará a las directivas europeas y, en ese contexto, el Ayuntamiento de Terrassa prefiere esperar. El contrato de concesión con Tmesa lo permite puesto que se firmó en 1989 para veinte años, prorrogable a diez más.
"Estamos en situación de ‘riesgo operacional’ y todos los expertos aconsejan esperar -explica Alfredo Vega, teniente alcalde de Servicios Generales y Gobierno Abrierto-. El concejal afirma que la comisión político-técnica que supervisa el proceso "es consciente de que redactar ahora un pliego de condiciones es muy arriesgado".
En septiembre u octubre
La decisión se cerrará en breve. La intención del equipo de gobierno es que el pleno ratifique la nueva prórroga este mismo mes de septiembre o como muy tarde en octubre. Eso le permitirá disponer de algo más de tres años para decidir también el futuro modelo de gestión del transporte público y, en caso de decantarse por la gestión indirecta, convocar nuevo concurso.
En 2019 el grupo Avanza sumará tres décadas al frente del transporte público en la ciudad, diez de ellos en situación de prórroga. El contrato con la compañía expiró en 2009. Desde entonces se han sucedido las prórrogas y la explotación del autobús urbano se ha convertido en un atolladero jurídico y administrativo.
En mayo de 2014 el Ayuntamiento adjudicó el servicio a Moventis pero el actual gestor, Avanza, y la plantilla recurrieron el concurso, que el tribunal anuló en dos ocasiones. Tras ese descalabro, el ejecutivo no está dispuesto ahora a correr más riesgos y ha optado por aplazar la convocatoria de un nuevo concurso.
Formalmente a partir de octubre podrá hacerlo en cualquier momento. En 2015, una de las razones que frenó la convocatoria de un tercer concurso fue que el Ayuntamiento ignoró una normativa europea que obligaba a publicitar la licitación en el Boletín Oficial de la UE con un año de antelación. En octubre de 2015 el gobierno anunció su intención de licitar la gestión del bus y doce meses más tarde, el próximo octubre, tendrá las manos libres para abrir de nuevo concurso.
Antes de hacerlo, el ejecutivo municipal deberá resolver la incógnita del modelo de gestión. En esa decisión jugará un papel clave el dictamen de la comisión político técnica creada para analizar los contratos públicos de la administración local (el bus, la limpieza, los comedores escolares, etc.)
Integrada por técnicos municipales y por un representante de cada grupo político, la comisión celebró una primera reunión a finales del mes de julio y tiene previsto volver a debatir el tema del bus en breve.
Su informe sobre la gestión del transporte público caerá sobre un Consistorio donde algunos partidos tienen ya posiciones claras sobre cual es el mejor modelo de gestión. La CUP y TeC se decantan por una gestión pública y directa, mientras que PP y Ciutadans prefieren una concesión privada.
El gobierno (PSC-CiU), por su parte, apuesta por la fórmula actual de la gestión indirecta concesionando el servicio. Esa fue la decisión que adoptó la mayoría del pleno en 2013 y el gobierno no ve razón para modificarla.
Otra cosa es que se vea forzado por su situación de minoría en el pleno. "Vamos a intentar conformar una mayoría que permita mantener el actual modelo de gestión", explica Alfredo Vega, consciente de que en este momento la opción del ejecutivo no suma suficientes apoyos.
El grupo de ERC-MES puede jugar un papel clave en la decisión final del pleno. En julio el concejal republicano Carles Caballero apelaba al informe de la comisión político-técnica para evaluar los pros y los contras de cada modelo.
Las próximas semanas serán decisivas. Vega insiste en la oportunidad de apoyar las decisiones políticas en expertos contrastados, también en el tema de la prórroga. Al margen de las opiniones ya recogidas, el ejecutivo tiene previsto recurrir a una consultora especializada antes de cerrar el tema.
