La larga batalla entre ayuntamientos y operadoras de telefonía móvil está lejos de llegar a su fin. Los varapalos judiciales recibidos durante los últimos años al cobro de una tasa por el uso del dominio público local -exceptuando la esperanzadora vía abierta por una reciente sentencia favorable al Ayuntamiento de Madrid- han llevado a los municipios a unirse para exigir al Gobierno una reforma legislativa que defina claramente cómo debe ser la tributación local de las empresas de telecomunicaciones.
El Ayuntamiento de Terrassa es uno de los que está impulsando la creación de un grupo de trabajo específico entre los municipios catalanes afectados que, al amparo de Localret, inste al Gobierno a modificar la ley. De esta forma se pretende acabar con el “descontrol” en cuanto a la contribución de las operadoras a las arcas públicas por el uso de la vía pública para el desempeño de su negocio y con la “incertidumbre” de las administraciones locales, que llevan una década de pleitos con las operadoras para conseguir recaudar.
Terrassa tiene mucho interés, proporcional a los recursos que hay en juego, en que se establezca de manera firme un mecanismo de tributación que obligue a las empresas de telefonía móvil a pagar, como ya hace la telefonía fija y otras tantas compañías de servicios, cuando utilizan el dominio público local para poder desarrollar sus actividades.
“Poner orden”
Una reciente jornada de Localret, consorcio formado por distintos ayuntamientos para actuar de manera coordinada en el ámbito de las telecomunicaciones, sobre tributación local de las operadoras de telefonía móvil puso de manifiesto la necesidad de “poner orden”, en palabras de Miquel Àngel Gamell, director de servicios de Gestión Tributaria de Terrassa, en el conflicto creado a raíz de la iniciativa de diversos ayuntamientos, entre ellos el nuestro, de cobrar una tasa municipal a estas empresas. A la luz de las sentencias judiciales de todo signo emitidas en los últimos años, esta capacidad “sólo la tiene ya el legislador, que debería establecer un régimen específico para la telefonía móvil en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”, sostiene Gamell.
En la actualidad, esta norma contempla que la telefonía fija aporte a las arcas públicas por el aprovechamiento que hace del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública tomando como referencia el 1,5% de los ingresos brutos anuales que obtiene en cada municipio. Gamell, del departamento de Gestión Tributaria de Terrassa, explica que los servicios de telefonía móvil están excluidos de este régimen de pago. En la actual sociedad de la información, donde el peso de las comunicaciones móviles es cada vez mayor, comenta, se hace necesario clarificar las obligaciones tributarias de este tipo de empresas. Además, cada día se antoja más difícil discernir los ingresos procedentes de la telefonía fija (a lo que hay que sumar las trabas que imponen las empresas para acceder a los datos) de los de la móvil debido a los paquetes que fusionan servicios de telefonía fija con Internet y televisión de pago.
Además de crear esta comisión intermunicipal que presione para el cambio legislativo, Terrassa y varios municipios catalanes más acordaron con Localret emprender una estrategia común para diseñar una nueva ordenanza, similar a la de Madrid avalada por el Supremo, con la intención de aprobarla este mismo año y poder aplicarla en 2017.
Las administraciones locales han vivido unos años de auténtica locura para poder aplicar una tasa a las empresas de telecomunicaciones. En Terrassa y otras ciudades, el canon ha sido recurrido por las distintas operadoras. En el camino ha habido sentencias a favor y en contra, aunque en Catalunya, mayoritariamente, los tribunales habían avalado la legalidad del tributo local. Sin embargo, el varapalo llegó en 2012, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) y el Tribunal Supremo anularon el cobro de la tasa. Europa dictaminó que el derecho comunitario no permitía cobrar un canon a las operadoras de telefonía que no eran propietarias de la red, aunque la utilizasen para prestar sus servicios. No todas las empresas tienen redes propias tendidas en el municipio. El mazazo definitivo a la tasa se lo dio el Supremo, al declarar nulo el sistema de cálculo del tributo, que utilizaba como uno de los parámetros importantes el volumen de ingresos de las operadoras.
Cada municipio su camino
A partir de ese momento, el tributo quedó sin efecto, aunque la sentencia no tuvo efectos retroactivos. Desde ese momento, cada municipio ha ido haciendo su particular camino para buscar la fórmula de gravar a estas empresas. Terrassa también, con resultados poco alentadores (ver noticia adjunta).
El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha conseguido introducir en su ordenanza las exigencias de la UE demostrando que el uso del dominio público local es imprescindible para las comunicaciones móviles y haciendo que el Supremo aceptase disociar la tributación correspondiente a la telefonía fija de la móvil introduciendo un “coeficiente de ponderación”, una especie de corrector, para los servicios móviles.
Así lo explicó en las recientes jornadas de Localret Santiago Peiró, inspector de tributos de la Agencia Tributaria de Madrid, que presentó las líneas básicas de la tasa que ha empezado a aplicar la capital española.
