El Ayuntamiento ha iniciado la revisión colectiva de los valores catastrales de todas los inmuebles de Terrassa con la intención de aplicar las nuevas tasaciones a partir de enero de 2018.
El equipo de gobierno ha solicitado a la Dirección General del Catastro la revisión de los valores de la ciudad. Es este organismo el que, junto a técnicos municipales, está procediendo a actualizar la base de datos del municipio sobre la que aplicar los nuevos valores. Se trata de los trabajos previos a la redacción de la ponencia (la propuesta de valores) en los que se revisan todas las fincas de la ciudad para corroborar datos e incorporar nuevos elementos si fuese necesario (en relación a espacios comunes, a metros cuadrados, cambios de usos, etc).
Una vez contrastada la información urbanística, el Catastro llevará a cabo también un estudio de mercado ya que a la hora de determinar el valor catastral de un inmueble (piso, local, garaje, terreno, etc), además de su localización, las características constructivas, el uso, la antigüedad de la edificación o el posible carácter histórico-artístico, se tiene en cuenta también su precio de mercado. La ley marca, sin embargo, que el valor catastral de los inmuebles no puede superar el valor de mercado.
Intentos fallidos
Precisamente, los altibajos que ha sufrido el mercado inmobiliario en los últimos quince años han frenado este proceso de revisión. El equipo de gobierno hace ya tiempo que le daba vueltas a la necesidad de actualizar los valores catastrales ya que la última verificacióndata de 1996. Hubiese tocado hacerlo en 2006, transcurridos diez años, pero “no era el momento”. El teniente de alcalde de Servicios Generales y Gobierno Abierto, Alfredo Vega, explica que llevar a cabo la revisión entonces “hubiese implicado doblar gran parte de estos valores porque estábamos en plena burbuja y los precios eran disparatados”. Decidieron esperar y retomarlo en 2012, pero el resultado creen que tampoco se hubiese ajustado a la realidad. “En 2012 no había mercado. La mayoría de las referencias obedecían a operaciones de compraventa realizadas por los bancos, con lo que no eran significativas ni hubiesen sido reales”, señala Vega, quien cree que el mercado se ha estabilizado y es oportuno proceder ahora a la revisión colectiva.
La primera fecha importante de este proceso de actualización es abril de 2017, cuando se espera poder aprobar la ponencia de valores, el documento que ya recoge la propuesta defendida por el Ayuntamiento. Una vez aprobada, se abre el periodo de notificaciones a todos los propietarios de inmuebles (más de cien mil en Terrassa) durante el cual se les informa de los nuevos valores y el plazo que tienen para presentar recurso si no están de acuerdo con la propuesta. La ley marca que los nuevos valores serán efectivos el 1 de enero del año siguiente, por lo que se aplicarán a partir de 2018.
A nivel fiscal, los valores catastrales repercuten, principalmente, en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), que a la postre es también el tributo más importante para nutrir las arcas municipales. Pero no es el único gravamen en el que influye el valor catastral. También es decisivo en la plusvalía, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en el caso de inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual y puede afectar al impuesto sobre el patrimonio.
El equipo de gobierno defiende la importancia de tener actualizados los valores conforme a la realidad urbanística y de mercado de las fincas. “Tener una valoración catastral ajustada es bueno para poder aplicar una fiscalidad justa porque un bien patrimonial debe ceñirse a su precio y pagar en función de ello”, sostiene Vega.
Amortiguar la revalorización
El edil reconoce que la revisión que se está llevando a cabo implicará, en la mayoría de los casos, un incremento de los valores catastrales, aunque los datos que tienen indican que serán aumentos moderados. Desde el Ayuntamiento matizan, sin embargo, que esta revalorización no tiene porqué trasladarse directamente al IBI.
En primer lugar, los nuevos valores se pueden ir aplicando a lo largo de los siguientes diez años de manera progresiva. Y, por otro, el Consistorio tiene instrumentos para amortiguar el impacto fiscal jugando con el tipo impositivo del IBI ya que a este le corresponde la gestión tributaria del impuesto, que comprende la recaudación y liquidación del tributo, así como la determinación del tipo de gravamen y de las exenciones y bonificaciones permitidas por ley.
Con esta potestad, el Ayuntamiento puede controlar de manera general el impacto de la revisión. Además, también puede actuar con carácter específico y aplicar topes en aquellas zonas más desfavorecidas en las que quiera limitar la repercusión.
En abril se enviarán las notificaciones a los propietarios y se abrirá el periodo para presentar recursos en caso de discrepancias
