Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), han denunciado presiones y amenazas por parte de la policía española para que facilitaran información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. Los Cierco comparecieron ayer ante la “batlle” (juez) instructora del “caso BPA” Canòlic Mingorance, en calidad de inculpados en esta causa, después de que el gobierno andorrano presentara una querella criminal contra varios exdirectivos de la entidad por blanqueo de capitales.
Además de defender la legalidad de la actuación de BPA, Higini Cierco puso en conocimiento de la responsable judicial con valor de denuncia “una serie de amenazas y extorsiones de que fue objeto por parte de mandos policiales españoles mucho antes de la intervención del banco”, según un comunicado del Grupo Cierco. Según dijo, la policía española le advirtió que de no colaborar con ella “se actuaría contra BPA” y si hacía falta se haría “vía administración americana”.
Los Cierco aseguran que el gobierno de Andorra está al corriente de estas presiones desde hace meses, pero que no denunciaron los hechos antes “por prudencia y temor a las hipotéticas represalias del Estado español” y porque pensaron que “la presión no iría a más”. Sin embargo, ahora, después de diecisiete meses de instrucción y con motivo de su primera comparecencia en sede judicial, el expresidente de BPA ha considerado que tenía la obligación de poner en conocimiento de la ‘batlle’ la situación vivida.
EL CASO PUJOL
En el comunicado, el grupo empresarial asegura que los hechos denunciados por Higini Cierco hay que enmarcarlos en el “caso Pujol” y en el intento de las autoridades españolas de hacer público el patrimonio del expresidente catalán en Andorra. Según esta versión, el entonces presidente de BPA recibió en mayo de 2014 una llamada del agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, informándole de que era conveniente que se viera con unas personas en Madrid y colaborara con ellas en lo que pidieran, o de lo contrario el banco “moriría”.
“Ya entonces se nos dijo que los americanos estaban al corriente y que sabían cómo hacerlo”, declaró Higini Cierco, quien recordó que en ese momento la filial española de BPA, Banco Madrid, estaba sometida a una inspección ordinaria del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Explicó el accionista que se encontraron en Madrid el consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, y el comisario jefe del departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, quien “le pidió información bancaria de Artur Mas, Oriol Junqueras, Jordi Pujol y sus respectivas familias”, a lo que dijo haber accedido “por miedo”.
