Los socios de España han respaldado hoy la nueva senda fiscal planteada por la Comisión Europea (CE), que otorga dos años adicionales al país, hasta 2018, para que corrija el déficit, a cambio de un esfuerzo de más de 10.000 millones de euros. “Todos los países han respondido ya y no hay sorpresas”, al respaldar las capitales comunitarias la recomendación de la CE del pasado 27 de julio para España y Portugal, tal y como estaba previsto, señalaron a Efe fuentes comunitarias.
Formalmente quedan, sin embargo, algunos pasos de procedimiento para la adopción oficial, como la notificación a los países.Para la nueva senda de consolidación fiscal tenían que responder hasta las 14.00 GMT de este lunes los 19 países miembros de la eurozona menos España y Portugal en sus respectivas recomendaciones. España tendrá que reducir su déficit del 5,1 % del PIB actual (con las ayudas a la banca) al 4,6 % este año, al 3,1 % en 2017 y al 2,2 % en 2018.
Los países también han respaldado la nueva senda para Portugal, que recibe un año adicional para bajar el déficit del 4,4 % del PIB registrado en 2015 al 2,5 % este mismo ejercicio.
En cuanto a la cancelación de la multa, los países miembros de la Unión Europea tienen aún hasta la medianoche de hoy para pronunciarse, y si no hay voces en contra quedará automáticamente adoptada la anulación de la sanción propuesta por la Comisión. El Consejo de la UE pretende informar mañana sobre el resultado de este procedimiento silencioso, indicaron otras fuentes.
La UE no exige nuevas medidas a España este año, por lo que todo el peso de los ajustes recae en 2017 y 2018, con un 0,5 % del PIB en cada ejercicio, es decir más de 10.000 millones de euros.
Para los años 2017 y 2018, en el documento sobre la nueva senda fiscal, los socios de España recogen la recomendación de la CE de que España reduzca el número y el alcance de los gastos fiscales, en particular los tipos reducidos del IVA, introduzca una mayor automaticidad en la aplicación de la Ley de Estabilidad y mejore la transparencia en contratación pública. Sugieren además que España pida explícitamente a las administraciones públicas incumplidoras que compensen los desvíos de gastos el año siguiente al que se produzcan.
La decisión también recoge que España quedará supervisada trimestralmente por sus socios.
Además de tener que demostrar el 15 de octubre si ha tomado medidas eficaces para corregir el déficit y presentar el proyecto presupuestario para 2017 a la CE, Madrid deberá presentar a la Comisión y sus socios un primer informe el 15 de enero del próximo año y a partir de entonces cada trimestre.
