Una de las principales discrepancias entre el Ayuntamiento de Terrassa y Mina está relacionada con la cartera de clientes que tienen contratado el abastecimento en la ciudad. La Administración reclama a la compañía que entregue los datos de los abonados como información clave para afrontar la liquidación y, en especial, los costes de la futura gestión.
La "titularidad" de esos clientes también está en cuestión, ya que Mina sostiene que los usuarios anteriores al contrato de 1941, básicamente los domicilios del centro de la ciudad, corresponden a su propia cartera comercial.
El informe jurídico explica que la cláusula del contrato de 1941 en la que contempla que, una vez finalizada la concesión Mina podría utilizar las redes municipales para la conducción de aguas de su propiedad "no puede interpretarse como una reserva a la empresa de un grupo de clientes privados".
Poder de control
La condición "otorga un derecho de paso por la red municipal de distribución" para "fines distintos de los propios del servicio público", un derecho que además puntualiza,"no es gratuito".
El informe de Menéndez & Asociados también hace mención al poder de inspección sobre el concesionario que la Administración local tiene como titular del servicio, lo que la habilita a solicitar "cuanta información precise" para asegurar la prestación del cuando finalice la concesión.
