La Diputació de Barcelona ha avanzado al Ayuntamiento de Terrassa 500 mil euros que corresponden a importes pendientes del Govern de la Generalitat con la ciudad.
La presidenta del organismo supramunicipal, Mercè Conesa, firmó un convenio con el president del Govern, Carles Puigdemont, por el que la Diputació es la encargada de avanzar a los ayuntamientos casi 41 millones de euros de la deuda que tiene contraída la Generalitat con las administraciones locales.
A Terrassa han llegado 500 mil euros. El concejal de Hacienda, Alfredo Vega, explica que esos recursos corresponden, por un lado a partidas ya pagadas por el Consistorio en inversiones realizadas en el marco del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de las ediciones de 2014 y 2015. Otra parte de esos recursos tienen que ver con los impagos del Fons de Cooperació Local de 2013 y 2014.
Según el convenio, la Diputació pagará las obligaciones reconocidas por la Generalitat antes del 31 de julio. El Govern, además, se compromete a cancelar la deuda que tiene con los ayuntamientos antes de que finalice este 2016.
El concejal Alfredo Vega cuestiona que la Diputació tenga que hacer de “banco” de la Generalitat. “Este convenio me genera dudas porque la Diputació de Barcelona es una entidad municipalista y los recursos con los que cuenta no son para hacer de banquero de la Generalitat, sino para ayudar a los municipios.
La deuda pendiente
La deuda que acumula el Govern con Terrassa se redujo considerablemente a finales del año pasado, cuando reconoció el impago de trece millones de euros. Hasta entonces, en más de una ocasión superó los veinte millones de euros.
En este momento, explica Vega, la deuda pendiente de reconocimiento ronda los seis millones. Hay otras facturas, fruto de convenios y programas firmados con la Generalitat, que han sido reconocidas por la conselleria correspondiente, pero aún no se han abonado. De los trece millones de deuda reconocidos por el Govern a finales de año, faltan por pagar la mitad.
Durante la firma del convenio, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, afirmó que ponían a disposición sus recursos “para posibilitar que sean los ayuntamientos los que continúen garantizando los derechos sociales, los civiles y los de bienestar de la ciudadanía”. Además, remarcó que son las corporaciones locales las que “en los momentos más difíciles han estado al lado de las personas” y han “parado el golpe de la crisis” .
