El debate plenario sobre el mejor modelo de futuro para gestionar el servicio del agua (público, privado o mixto) permitió visibilizar los dos bloques en que se divide el Ayuntamiento (aunque con un equilibrio de fuerzas bien distinto). Por un lado, están PSC, TEC, ERC-MES y CUP, que suman 20 concejales a favor de la gestión directa. Y en el otro bando, C’s, CiU y PP, que mantienen reservas sobre la capacidad del Consistorio para hacerse cargo de un bien de primera necesidad. En cambio, donde el pleno exhibió unidad (o casi ya que sólo contó con el voto contrario del PP) fue a la hora de condenar la actitud de Mina, a la que acusan de "no aceptar la autoridad municipal y judicializar las decisiones que adopta" la corporación local.
Este punto era el primer acuerdo que contenía la propuesta de resolución conjunta de las fuerzas de izquierdas. Además de PSC, TEC, ERC-MES y CUP, también lo rubricaron C’s y CiU, que tuvieron duras palabras para la concesionaria. El nacionalista Miquel Sàmper tachó de "inadmisible" la actitud de Mina a lo largo del proceso de liquidación de la concesión actual del servicio de agua, otorgada por el Ayuntamiento en 1941 y que expira en junio de 2017, tras una prórroga. Sàmper añadió que "es obvio que Mina ha puesto trabas"; unos impedimentos, "que dificultan de forma grave" un proceso que debería ser "pacífico", dijo. El portavoz de C’s, Javier González, fue muy claro al asegurar que ningún miembro de su grupo se deja "presionar" ni tolera injerencias.
Dos bloques enfrentados
El debate plenario se cerró tal y como estaba previsto. El bloque formado por PSC, TEC, ERC-MES y CUP, apoyado con aplausos por miembros de la Taula de l’Aigua, reafirmó su compromiso de municipalizar el servicio del agua. Las otras tres fuerzas defendieron posiciones distintas. El PP, que votó en contra de la moción, aseguró que es "imprudente" fijar una postura sin antes conocer las ventajas e inconvenientes de las distintas alternativas de gestión. Su portavoz, Álex Rodríguez, acusó a las formaciones de izquierdas de "tomar decisiones por motivos ideológicos" y, aunque aseguró no decantarse por ningún modelo en concreto, cuestionó la capacidad del Ayuntamiento, concretamente del PSC, de encargarse de la gestión.
CiU, que se abstuvo en la votación, también defendió la tesis de esperar "hasta tener todos los elementos necesarios", especialmente los que hacen referencia al coste que tendrá que asumir el Ayuntamiento por la liquidación del servicio. Miquel Sàmper insistió en pedir "respeto" por su postura y expresó sus dudas acerca de si la mayoría que representan las cuatro fuerzas que apoyan la gestión directa implica substituir el proceso de participación ciudadana previsto para que los egarenses opinen sobre el futuro del servicio.
La postura de C’s, que votó en contra de la municipalización, carece de ambigüedad alguna. El portavoz de la formación volvió a afirmar que su grupo es partidario de que una empresa privada gestione el agua por "desconfianza" hacia la "capacidad" del equipo de gobierno, especialmente del PSC: "No estamos en contra de la gestión directa, sino de que este Ayuntamiento, gobernado por el PSC, asuma la gestión porque muchos de sus proyectos dejan mucho que desear", sostuvo González, quien se refirió a la situación económica del Parc Audiovisual, la empresa de vivienda y el nivel de deuda municipal. El concejal defendió que un pliego de condiciones "de hormigón armado" es garantía suficiente "para que se respeten los intereses de la ciudadanía". González aseguró que el suyo no es un posicionamiento ideológico, sino de "sentido común".
¿Políticos o técnicos?
El concejal de ERC-MES, Carles Caballero, negó, precisamente, que detrás de la defensa de la concesión externa como modelo de gestión del agua no haya ideología. "La derecha disfraza la gestión privada de eficiencia y la gestión pública de ideología, y hacer eso es un posicionamiento ideológico". Caballero fue especialmente crítico con Miquel Sàmper (CiU): "Su posición en esta materia es la no posición", le espetó, no sin antes recordarle que ya hay un amplio informe externo que corrobora que "apostar por la gestión directa no perjudica ni a los ciudadanos ni a la hacienda local".
Sobre ideología política también versó gran parte de las intervenciones de Xavier Matilla, portavoz de TEC, el más beligerante durante el debate. "Lo que se espera de los concejales es que aportemos ideas políticas a nuestras decisiones. Lo que no se espera es que tomemos decisiones sin ningún tipo de idea. O aún peor, que tengamos ideas y las queramos camuflar de decisiones técnicas. O aún peor, que tomemos decisiones sin ser transparentes y no seamos capaces de explicar los verdaderos intereses, presiones o llamadas que recibimos para tomar las decisiones que tomamos". señaló. Y añadió, dirigiéndose a CiU, PP y C’s: "Nos acusan de tener ideas y nosotros podríamos acusarles de no ser transparentes en sus decisiones", acusación que no sentó nada bien a los aludidos.
Proceso de liquidación
A pesar de las discrepancias en los modelos de gestión, Matilla pidió unidad frente a la concesionaria actual a la hora de defender que el proceso de liquidación se lleve a cabo "respetando el interés general de la ciudad". Un proceso, afirmó, sobre el que ya hay algunas dudas despejadas y no tendrá el impacto económico negativo que temen algunos partidos. Explicó que un convenio firmado entre el Ayuntamiento y Mina en 2001 garantiza que los bienes afectos al servicio (los indispensables para prestar el servicio de suministro de agua) "revertirán a la Administración local a coste cero. "El modelo de gestión directa no implica ninguna dificultad jurídica o económica. Las dificultades serán las que ponga la concesionaria", sostuvo el edil.
Maria Sirvent, de la CUP, pidió que la gestión pública a la que se encamina el Ayuntamiento en el asunto del agua incorpore en un plano de igualdad a los vecinos para que la gestión sea "colaborativa". Sirvent sostuvo que "no hacen falta informes técnicos para saber que la gestión pública es la única que garantiza la universalización del servicio de agua" y que "la gestión de un bien de primera necesidad no puede ser objeto de negocio".
En esa misma línea se pronunció Marc Armengol, concejal socialista, cuando defendió la gestión directa para "gobernar el servicio" y en favor del "bien común". "Debemos priorizar los intereses colectivos y no los de una empresa que busca su propio beneficio", afirmó el edil.
