Puede no ser definitiva, pero es una decisión. El equipo de gobierno se decanta ahora por concesionar a una empresa privada la explotación de la red de autobuses urbanos. Así lo expresa el teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad, Marc Armengol. “El equipo de gobierno, en principio, se reafirma en la decisión que tomó hace tres años de concesionar el servicio. Entonces todos los grupos del pleno votaron a favor. Consideramos que en la actualidad no hay ninguna diferencia substancial que motive un cambio de decisión”, sostiene el edil socialista.
Según explica, el cambio de socios de gobierno (en el mandato pasado gobernaban PSC e ICV-EUiA) no ha hecho variar la posición del Ejecutivo local: “PSC y CiU seguimos en la misma tesitura”, sostiene. En cambio, Armengol es consciente de que la llegada de nuevas fuerzas políticas al Consistorio, como Terrassa en Comú y la CUP, hará difícil que pueda repetirse la unidad de 2013, cuando las cuatro fuerzas políticas de entonces acordaron liquidar la empresa mixta Tmesa (de la que el Ayuntamiento posee el 20%) y abrir un concurso público para que fuese una empresa privada la que se hiciese cargo de la red de autobuses. “Nosotros tenemos intención de reabrir el tema desde donde lo dejamos en 2013, pero me temo que habrá posicionamientos políticos contrarios y grupos a los que les interesa abrir de nuevo el debate sobre los modelos de gestión”, lamenta Armengol. La licitación del servicio tuvo que cerrarse el año pasado sin que el proceso hubiese culminado ya que se incumplió un reglamento europeo.
Desde la oposición esperan que la decisión que ahora expresa Armengol sea firme y no haya más vandazos entre miembros del propio gobierno. “Al equipo de gobierno le cuesta mucho tomar decisiones, pero cuando un concejal lo hace, va con el freno de mano puesto porque, como ya ha pasado, al poco tiempo sale el alcalde y le desautoriza por cuestiones estratégicas”, se queja Carles Caballero, de ERC-MES.
El edil se refiere a la entrevista del primer edil, Jordi Ballart, durante la campaña electoral, en la que afirmó que estaban valorando asumir la gestión directa del autobús, o las declaraciones del teniente de alcalde Alfredo Vega, que hace mes y medio dijo que la decisión no estaba tomada y que todas las opciones en cuanto al modelo de gestión eran posibles.
En cualquier caso, los grupos de la oposición se quejan de que el equipo de gobierno no ha hecho el trabajo previo necesario para poder reabrir el debate o abordar el nuevo concurso a partir del 6 de octubre, momento en el que podría volver a convocarse ya que se cumple un año de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la
Unión Europea, requisito incumplido anteriormente por el bipartito que llevó a paralizar la licitación anterior. “Si lo que quieren es la gestión indirecta ya deberían tener preparado el expediente para abrir el concurso”, critica Caballero.
También Xavier Matilla, líder de Terrassa en Comú, considera que el equipo de gobierno no ha hecho su trabajo. “Lo único cierto es que ha pasado un año y no se ha hecho nada. No hay informes para poder abrir el debate y discutir el tema con sustancia”, denuncia. “Si ya saben que mantienen el criterio de concesión indirecta, aunque no de manera muy rotunda, ni siquiera han hecho los deberes internos para sustentar su propia decisión”, prosigue el edil de TEC.
Un año más, de momento
La falta de una decisión firme sobre el modelo de gestión conducirá a una nueva prórroga del servicio a Tmesa, cuya concesión expiró en 2009. La decisión de alargar el contrato actual (prorrogado hasta diciembre de este año) pasó por la comisión informativa de la semana pasada y fue objetivo de duras críticas por parte de la oposición. El equipo de gobierno llevó el dictamen que establece la prórroga a Tmesa hasta diciembre de 2017 por la vía de urgencia, lo que desató un monumental enfado de todos los grupos de la oposición, que votaron en bloque en contra de la urgencia, por lo que el expediente no pasará a aprobación del pleno.
“Es un tema de suma importancia como para que nos lo hagan llegar a última hora por la vía de urgencia”, critica Maria Sirvent, de la CUP. “No podemos estar prorrogando el servicio anualmente de manera indefinida sin buscar una solución de futuro”, denuncia.
“Todos entendimos que no eran maneras de presentar una expediente tan importante”, coincide Javier González, de C’s, que pide que el bipartito aclare su postura pronto. Para los republicanos, “el equipo de gobierno va haciendo prórrogas, cuando lo que realmente tienen que hacer ya es tomar una decisión política y negociarla con alguien”, critica Caballero
Desde Terrassa en Comú alertan de que esta situación tiene consecuencias en forma de costes para el Ayuntamiento. “Cuando se decide externalizar el servicio, se hace con la clara intención de que las inversiones de renovación de la flota las asuma la empresa concesionaria. Con el error administrativo que hubo y ahora la nueva prórroga es el Ayuntamiento, que participa en la empresa mixta, el que debe seguir asumiendo las inversiones”, denuncia Xavier Matilla.
El concejal responsable del área, Marc Armengol, asegura, en cambio, que la adquisición de nuevos autobuses le corresponde hacerla al Consistorio como titular que es del servicio colectivo de viajeros, porque son bienes adscritos al servicio y, por tanto, de su propiedad.
“Un error”
Todos los partidos asumen que habrá una nueva prórroga porque, haya o no hay una decisión tomada antes de finalizar el año, será imposible tener a punto la documentación para abrir el nuevo periodo concesional o cumplir con los trámites administrativos que requeriría la asunción directa del servicio.
El concejal Marc Armengol se defiende de las críticas. Asegura que el hecho de que el dictamen pasase por la vía de urgencia fue un “error” de su departamento. Su intención, asegura, era abrir el debate en comisión informativa, pero “hay tiempo hasta septiembre e incluso octubre para que el pleno apruebe la prórroga a Tmesa”.
El edil sostiene que el asunto no se ha abordado durante este primer año de mandato por varios motivos. Por un lado, “el gobierno ha tenido otras prioridades hasta ahora”. Además, “los servicios técnicos debían resolver primero la aprobación del Plan de Movilidad”, que pasó su primer trámite administrativo en el pleno justo el mes pasado y, añade, “ningún grupo político ha puesto el tema sobre la mesa ni ha pedido información a lo largo de este tiempo”.
La falta de una decisión firme conducirá a una nueva prórroga a Tmesa, cuya concesión expiró en 2009, después de 20 años al frente del servicio
