La Generalitat ultima una “nueva versión” del impuesto a las nucleares para sortear el veto del Tribunal Constitucional, que en abril anuló la ley catalana que grava la producción de energía eléctrica nuclear.
En una entrevista concedida Efe, el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, ha asegurado que su intención es que el ejecutivo pueda aprobar la reforma de este tributo “antes de que acabe julio” y, si no se llega a tiempo, “a principios de septiembre”, todo ello “con el objetivo de que el impuesto vuelva a estar en vigor el 1 de enero de 2017”.
Salvadó ha recordado que el Estado grava con tres impuestos diferentes la actividad de las centrales nucleares y que el impuesto catalán, que debía aportar entre 45 y 50 millones al año, fue vetado por el Alto Tribunal, tras un recurso presentado por el Gobierno, con el argumento de que suponía una “doble imposición”.
Aunque no ha revelado qué hecho imponible ha buscado ahora el Govern para tratar de evitar el veto del TC, Salvadó se ha mostrado “convencido” de que el nuevo impuesto, que la Generalitat está “a punto de cerrar”, logrará un “encaje” constitucional.
Este proyecto forma parte del plan del Govern, anunciado a mediados de junio, para recuperar impuestos propios que han sido derogados por el TC, una iniciativa con la que la Generalitat quiere lograr, en primer lugar, que estos tributos sigan vigentes y a la vez hacer “gestos políticos” en defensa de su proyecto político.
En cambio, Salvadó ha dado por supuesto que la recuperación del impuesto catalán sobre los depósitos de las entidades de crédito está en una fase “más embrionaria” y deberá esperar “seguramente a septiembre” para ser aprobado por el Govern.
“Estamos buscando hechos imponibles no gravados por la administración del Estado que permitan no sólo hacer un gesto político, sino encontrar un espacio que nos permita acabar aprobando este impuesto”, ha comentado Salvadó respecto a este tributo que también ha sido anulado por el TC y que nació en 2012 con la expectativa de recaudar 688 millones.
Además de estos dos impuestos, la Generalitat trabaja para adaptar otras dos tasas a las recomendaciones de la UE en materia de competencia.
Se trata del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, al que se dará “una orientación ambiental” con el fin de adaptarse a lo establecido por la UE, y del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida durante el despegue y aterrizaje de los aviones comerciales.
De hecho, Salvadó ha asegurado que el Govern aprobará ya este mes la reforma de este último impuesto para incluir esas recomendaciones de la UE.
Por último, el Govern prevé hacer cambios también en el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos para incluir modificaciones previstas en la ley acompañamiento de los presupuestos de 2016, que no se pudo aprobar.
Por otra parte, Salvadó ha quitado hierro al pronunciamiento del Constitucional del pasado 7 de julio, que declaró inconstitucional una disposición adicional de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2015.
Dicha disposición emplazaba al Govern a aprobar un plan director de la administración tributaria de Cataluña en un plazo de cinco meses y a aplicarlo en un año.
A juicio de Salvadó, esa referencia era “un mandato de carácter político” del Parlamento catalán al Govern para que aprobara ese instrumento de planificación estratégica en un plazo determinado, por lo que la anulación de esa disposición no frena el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña, ha insistido.
“El Govern desarrolla y lo continuará haciendo las estructuras de Estado”, ha sentenciado Salvadó.
