La Guardia Civil ha detenido hoy a doce personas y ha efectuado una cincuentena de registros en diez provincias españolas en un golpe a la supuesta trama de corrupción municipal vinculada a la consultora Efial, que se ha extendido por varios municipios de España tras ser absorbida por CGI.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la operación, que el gobierno catalán ha censurado al considerar que su “autor intelectual” ha sido el ministro del Interior en funciones Jorge Fernández Díaz, se ha saldado con doce detenidos, registros en 48 ayuntamientos, empresas y domicilios y el requerimiento de contratos a Efial y CGI a una quincena de consistorios de toda España.
En la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se investigan delitos contra la administración pública, organización criminal, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas y fraude a las administraciones.
Según los investigadores, Efial, una consultora especializada en administración pública, ofrecía a ayuntamientos catalanes, la mayoría gobernados por Convergència Democràtica (CDC), servicios para mejorar su gestión y optimizar las cuentas, y aprovechaba supuestamente el menor control público a las entidades públicas empresariales locales (EPEL) para desviar fondos.
Este sistema supuestamente corrupto saltó a algunos ayuntamientos de otras provincias españolas -Castellón, Baleares, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara-, después de que hace meses Efial fue absorbida por CIG, una consultora contratada por varios consistorios de fuera de Cataluña.
Esta operación se enmarca en una pieza separada del caso que el juez de El Vendrell empezó a investigar en 2014 a raíz de las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Torredembarra, cuando estaba dirigido por el alcalde Daniel Massagué (CDC), lo que desembocó en el caso del 3 %, que llevó al instituto armado a registrar la sede de CDC en agosto pasado.
Entre los detenidos en la operación de hoy figuran los exalcaldes de Anglès (Girona) Josep Manel Bassols -que ya fue arrestado durante la investigación del caso del 3 % sobre supuesta financiación irregular de CDC- y el de L’Ametlla de Mar (Tarragona) Andreu Martí (CDC).
También han sido detenidos varios empresarios, entre ellos el director de Efial -Antoni M.-, así como directivos de CIG.
En el marco de la operación, la Guardia Civil ha registrado los Ayuntamientos de L’Ametlla de Mar, Tortosa, Ascó y Vandellós, en Tarragona, así como los de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en Madrid, y Trillo (en Guadalajara).
Agentes del instituto armado también se han personado en una quincena de ayuntamientos para requerir información sobre los contratos con Efial y CGI, entre ellos los consistorios catalanes de Barcelona, Girona, Cambrils (Tarragona), La Seu d’Urgell (Lleida), Llinars del Vallès (Barcelona) y Calonge (Girona).
Otros ayuntamientos a los que ha acudido la Guardia Civil con un requerimiento judicial para obtener documentación son los de Alaior, Sóller (Baleares), Masquefa (Barcelona), Velilla de San Antonio, Getafe, Collado Villalba (Madrid), Armilla (Granada), Benicassim (Valencia) y Palos de la Frontera (Huelva).
Además, la Guardia Civil también ha acudido a la sede de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), donde han requerido toda la documentación de sus investigaciones abiertas sobre los contratos de ayuntamientos catalanes a Efial.
Entre esta documentación, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, figuran las relativas a una investigación de este organismo sobre los contratos de servicios encargados por el Ayuntamiento de Girona entre los años 2011 y 2015, durante la etapa en la que su alcalde era Carles Puigdemont, actual presidente de la Generalitat.
Antifraude inició esta investigación cuando aún estaba dirigida por Daniel de Alfonso, que fue destituido la semana pasada por el Parlament después de desvelarse conversaciones suyas con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que buscaban datos incriminatorios contra los partidos soberanistas catalanes.
Precisamente, la Guardia Civil también se ha llevado del Ayuntamiento de Girona cinco contratos firmados con las empresa Efial, CGI y Oliver Camps, no sólo entre 2011 y 2015 -el periodo investigado por Antifraude- sino también de los años 2009 y 2010.
La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha detallado que el precio de las auditorías encargadas a estas consultoras se incluyen en el apartado de “contrataciones menores”, que oscilan entre los 4.500 y los 17.600 euros, en las que se siguió “toda la tramitación legal que se exige”.
La operación, denominada Termyca, arranca de denuncias de concejales de varios ayuntamientos afectados, que llevaron al juez de El Vendrell a investigar al consistorio de Torredembarra.
Según Anticorrupción, la red, tanto cuando actuó bajo las siglas de Efial como cuando esta consultora fue absorbida por CGI, construyó supuestamente una estructura paralela en los consistorios para evitar en su acción la labor supervisora del secretario e interventor municipales y desvió fondos públicos a través de las EPEL (entidades públicas empresariales locales).
