El grupo municipal de Ciutadans ha cuestionado la conveniencia de que el Ayuntamiento mantenga un contrato con Inipro, una empresa que está siendo investigada por adjudicaciones irregularidades en varios municipios catalanes gobernados por el PSC.
No hay ninguna prueba, sostiene el concejal de C’s David Aguinaga de que el contrato en Terrassa sea fraudulento, pero considera que “es sorprendente” que el Ayuntamiento trabaje con una sociedad que está siendo investigada. No es ilegal, señala, pero es una “situación anómala” que el bipartito municipal debería explicar. “No puedo realizar valoraciones precipitadas sobre el procedimiento que siguió el Ayuntamiento, pero el equipo de gobierno debería dar explicaciones”, sostiene Aguinaga. Llegados a este punto, el concejal considera que “sería aconsejable interrumpir el contrato”.
El edil explica que el Ayuntamiento formalizó un primer contrato con Inipro en 2014. Lo que “sorprende”, prosigue, es que adjudicase un nuevo contrato en 2016, cuando “a finales de 2015 la Guardia Civil había tomado acciones legales contra el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarragona por la adjudicación irregular de contratos a Inipro”. La operación, señala Aguinaga, tuvo una importante trascendía mediática. “El caso no era secreto. ¿Qué medidas de control hay en el Ayuntamiento?”, se pregunta el regidor de C’s. “Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse por qué el Ayuntamiento está trabajando con una empresa que está siendo investigada por contratos suscritos en municipios como Tarragona, Viladecans o Palau-Solità i Plegamans”, sostiene la agrupación.
Este segundo contrato con Inipro entró en vigor el pasado enero y culmina en diciembre de este año. Mediante esta adjudicación, Inipro pasó a gestionar los servicios de acción socioeducativa para los estudiantes de institutos, bajo un presupuesto de 70.180 euros, explica C’s. A diferencia de los casos que están judicializados, donde Inipro se hizo con los contratos mediante procedimientos negociados sin publicidad, en Terrassa la empresa ganó un concurso público abierto.
Más allá de estas consideraciones públicas, los concejales de C’s están valorando si abordar el asunto en comisión informativa o bien pedir explicaciones en junta de portavoces. Lo que tienen claro es que seguirán “indagando” porque “no puede ser que una sociedad bajo sospecha pueda seguir trabajando con el Ayuntamiento”. Aguinaga considera que hay que reforzar las medidas para “garantizar la transparencia y la buena gestión en la contratación pública”.
