Una treintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Terrassa se concentró ayer frente al Ayuntamiento para exigir al equipo de gobierno que medie entre ellos y el BBVA para que este último acceda a negociar un alquiler social en los casi 30 casos “enquistados” desde hace años que hay en Terrassa. Los afectados consiguieron arrancar el compromiso de la concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, de reunirse con ellos el próximo 7 de julio con la idea de que también asista algún representante del BBVA.
Ataviados con sus reconocibles camisetas verdes, la PAH gritó ayer en el Raval de Montserrat, que “el BBVA es el banco que más viviendas vacías tiene (alrededor de 800 en Terrassa, asegura la Plataforma) y que más se niega a negociar con las familias que han ‘ocupado’ alguno de los pisos de su propiedad”. Rosi Aribó explicó que en la ciudad hay alrededor de 30 familias viviendo de forma ilegal en pisos del BBVA, ya sea por iniciativa propia o a través de la llamada Obra Social de la PAH. “Queremos que esas familias se queden en esos pisos con alquileres sociales asequibles. No hay derecho a que les echen a la calle otra vez cuando en muchos casos sus pisos todavía siguen vacíos dos y tres años después de que el BBVA les haya desahuciado”, se quejó amargamente Aribó.
Los afectados denuncian que el Ayuntamiento sólo aporta “soluciones temporales” aplazando los desalojos varios meses. Aseguran que hay familias que ya han pasado por cinco intentos de desahucio sin que todavía se les haya proporcionado una vivienda.
Minutos después de entregar en el Ayuntamiento la carta en la que pedían una reunión a tres bandas, la concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares y el responsable de Servicios Sociales, Noel Duque, salieron a atenderles y mantuvieron una improvisada conversación en la que los afectados insistían en pedir más contundencia en las medidas contra los bancos con pisos vacíos. “La Obra Social de la PAH está haciendo el trabajo que no hace la Administración realojando a las personas que se quedan sin vivienda”, denunció Aribó, quien pidió “hechos, no buenas palabras”.
La concejal Lluïsa Melgares, que afirmó una y otra vez comprender el padecimiento de las familias y agradeció el trabajo de la PAH, aseguró que no dispone de “herramientas prácticas” que obliguen a los bancos a ceder pisos para regularizar las ocupaciones ilegales.
