Una juez de Barcelona ha archivado la causa abierta al exconseller de Política Territorial durante el tripartito Joaquim Nadal, que estaba acusado de una supuesta estafa a un promotor por ocultarle que unos terrenos que le ofrecieron como permuta en Santa Cristina d’Aro (Girona) eran inundables.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona acuerda, tal y como solicitaba la Fiscalía, archivar la querella por prevaricación y estafa presentada por el promotor inmobiliario, al entender que pese a que la decisión de ofrecer la permuta pudo no ser acertada, no constituía delito.
Además de para Nadal, un histórico exdirigente del PSC que declaró como investigado en noviembre de 2014 a raíz de este caso, la causa también ha quedado archivada para el exgerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Emili Mas, que igualmente estaba investigado (imputado) por prevaricación y estafa.
Nadal y Mas fueron imputados a raíz de una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil por orden de la juez, tras admitir a trámite la querella presentada por la sociedad Varal Real Estate SL, que denunció que fue estafada porque la Generalitat le ofreció en 2006 como permuta unos terrenos inundables para que renunciara a construir un polígono en el paraje natural de Solius, en Santa Cristina d’Aro.
El empresario había comprado en julio de 2005 por 6 millones de euros una finca en el sector de Molí de Reixac -que en abril de ese año acababa de ser definido como zona urbanizable industrial- para desarrollar sus planes industriales.
Sin embargo, el proyecto del empresario se topó con una fuerte oposición vecinal y ecologista, por el alto valor natural y paisajístico de la zona donde se iba a levantar el complejo.
Finalmente, el 11 de octubre de 2006, el empresario firmó un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro y el Incasòl, en virtud del cual Varal vendió a la Generalitat el 50 % de la finca de la zona de Reixac por 7,5 millones de euros, renunciando al desarrollo industrial del área, y adquirió a cambio como permuta derechos urbanísticos en la zona industrial de Bernades, que resultaron ser inundables.
Antes de solicitar el archivo de la causa, la Fiscalía Anticorrupción apuntó que se podía considerar “inicialmente como detonante” del cambio de postura de las administraciones sobre el proyecto industrial en el Molí de Reixac el hecho de que una sociedad del empresario José Manuel Lara había adquirido la finca Can Dalmau, próxima a aquella zona.
Nadal, que declaró como imputado ante la juez en 2014, ha sostenido desde que trascendió la investigación que se limitó a actuar en defensa de los ecologistas, y no de la familia Lara, ya que le movió el interés colectivo para proteger la integridad ambiental del valle de Solius.
En el escrito en el que acuerda archivar esta causa, la juez Elena Carasol concluye que había “soporte normativo” que avalaba la actuación administrativa investigada y advierte de que Varal conocía que los terrenos de la permuta eran inundables y que ello fue un extremo “intrascendente” para el empresario.
Por este motivo, la juez estima, en consonancia con los argumentos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción a la hora de solicitar el archivo de la causa, que la actuación investigada “fue desacertada, pero no constitutiva de infracción penal”.
La juez va más allá y sostiene que, según la jurisprudencia, “no basta pues con la mera ilegalidad de la resolución que puede ser producto de una interpretación errónea, equivocada o discutible, como en tantas ocasiones ocurre, sino de algo más. Debe tratarse de una ilegalidad flagrante y clamorosa de modo que, de existir alguna duda razonable sobre la legalidad o ilegalidad del acto, debe descartarse el delito”, añade.
El querellante ya ha interpuesto un recurso contra la decisión de la magistrada de archivar la causa, al sostener que los terrenos ofrecidos en permuta a Varal Real Estate “no tienen ningún valor económico ni se espera que lo vayan a tener”, por lo que se trató de una transmisión que ha “perjudicado económicamente” al promotor.
“Varal Real Estate SL ha sido objeto de un engaño penalmente relevante”, advierte el recurso, en el que el promotor sostiene que si las partes no le hubiesen “ocultado” sus intenciones, no habría firmado el convenio urbanístico y habría efectuado la operación “en el momento idóneo y en condiciones diferentes”.
