Jordi Ballart (Terrassa, 1980) afronta su segundo mandato como alcalde (accedió al cargo en 2012) en unas circunstancias radicalmente distintas a las de la anterior etapa. Mantiene un pacto de gobierno con el eterno rival, se enfrenta en minoría a un Ayuntamiento muy fragmentado y tiene por delante retos tan importantes como la gestión del suministro de agua, un ámbito en el que se ha desatado la guerra con Mina Pública d’Aigues de Terrassa, la actual empresa concesionaria.
Es el primer alcalde de Terrassa que gobierna en minoría, ¿qué valoración hace de este primer año desde que fuese investido el 13 de junio de 2015?
El escenario es complicado. El mensaje de las urnas fue claro: había que gobernar a partir del diálogo. La situación es muy diferente ahora. Venimos de gobiernos en mayoría absoluta. El propio gobierno es el primero que tiene que cambiar el chip. Cada día le digo a todo el equipo que hay que hablar con todos los grupos e intentar negociar todas las propuestas para no ir al pleno y acabar perdiendo votaciones. El balance es positivo. Pudimos aprobar presupuestos y ordenanzas gracias al diálogo y la abstención de TEC y ERC-MES. Otras cuestiones, como la compra de autobuses, se han acordado con C’s. La dinámica debe ser esta: pactar con unos y otros. Antes el pleno no es que fuese un trámite, pero era fácil, y ahora es probablemente el momento más complejo del mes.
¿El acuerdo de gobierno entre PSC y CiU es un pacto contranatura?
No sé si es contranatura. Entiendo que es difícil de explicar. Somos dos partidos con tradiciones diferentes, que uno ha sido la alternativa del otro durante más de 30 años. El pacto, a pesar de que al principio generó dudas y fue difícil convencer a las bases de ambos partidos, es maduro y sólido. Aunque nos falten dos concejales para la mayoría absoluta, es un pacto leal, que funciona y que tiene recorrido.
¿Cree que este pacto durará todo el mandato?
No se sabe nunca. Los contextos nacionales pueden marcar, los posicionamientos de los partidos pueden influir, pero la voluntad es que el pacto dure toda la legislatura. También puede empezar con un alcalde y acabar con otro. La política es imprevisible.
¿Como alcalde tiene intención de agotar el mandato?
Sí, sí. Otra cosa es que después me vuelva a presentar. No lo tengo decidido aún. Si el candidato de mi partido fuese otro no haría el relevo a medio mandato como se ha hecho en el PSC hasta ahora. Esperaría a acabar la legislatura.
¿Y en el PSC, volverá a repetir como primer secretario de la agrupación local?
No. En el próximo congreso, en principio antes de que acabe el año, dejaré la primera secretaría. Se abrirá un proceso de primarias.
Últimamente, se ha posicionado más claro que nunca a favor de la municipalización del servicio de agua. Teniendo en cuenta que hay otros tres partidos que también apoyan esta vía, ¿significa esto que cuando acabe el proceso de liquidación con Mina, el Ayuntamiento gestionará directamente el servicio?
Hay muchas posibilidades de que así sea. No es una decisión sólo mía como alcalde, sino de todo el grupo municipal del PSC. No es una estrategia para llegar finalmente a la fórmula de empresa mixta. Es una decisión firme y meditada en la que ha influido la deslealtad y falta de voluntad de la concesionaria de traspasar la información para poder hacer la liquidación. Está poniendo muchas dificultades. En este tramo final, Mina no nos ha dejado gobernar el servicio, no nos ha dejado tomar las riendas de la liquidación de un servicio que es de titularidad municipal. Es muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo porque lo que Mina propone, seguir con el modelo mixto, sería ilegal, ya que la parte privada habría que sacarla a concurso igualmente. Podría venir una empresa de cualquier parte del mundo, aterrizar en Terrassa y gestionar el agua. Ahora ya tampoco es una empresa genuinamente terrassense porque dentro de Mina está Agbar. La garantía para que la gestión sea terrassense es municipalizar el servicio. La actitud de Mina de torpedear el proceso ha facilitado mucho que tome esta decisión, aunque ya me había expresado a favor hace un año.
¿Qué impacto tendría la municipalización en el recibo del agua?
No debería implicar subidas. Es posible, según dicen los técnicos y el comisionado del agua, no sólo que no se encarezca el recibo sino que podamos bajarlo. No está claro aún, pero es una posibilidad real que la gestión directa permita abaratar el recibo.
¿Habrá que hacer una prórroga a Mina a final de año?
Sí, por ley sólo puede ser de seis meses. Por tanto, antes del 1 de julio de 2017 tenemos que tener el modelo decidido y en marcha. Aunque la decisión política está tomada y hay una mayoría en el pleno a favor de la gestión pública, también nos hemos comprometido a hacer una consulta. El día 14 se constituye la comisión política que debe dirigir este proceso. Ya sabemos que no podemos hacer una consulta refrendaria porque requeriría pedir permiso al Estado, lo que sería difícil y se alargaría mucho en el tiempo. Tampoco una consulta no refrendaria basada en la ley de consultas de Catalunya porque está suspendida por el Tribunal Constitucional. Lo que podemos hacer es lo que se hizo para el 9-N: un proceso de participación que acabe en una serie de preguntas. Tendremos que garantizar que se puedan expresar todas las posiciones, que ninguna tenga más medios para poder llegar a más gente, que todo el mundo pueda expresarse. Si vemos que esto es desigual y el equilibrio se rompe, como está ocurriendo en las últimas semanas, se puede detener el proceso.
Hay percepción de falta de seguridad en los autobuses, por los cuatro vehículos incendiados en dos años, y de incomodidad, por el calor que hace en algunos buses. ¿Se está ofreciendo un buen servicio?
Sí. La encuesta de satisfacción muestra que la gente está contenta con el servicio de transporte público, pero es verdad que la flota ha quedado obsoleta y vieja por falta de inversión como consecuencia de la crisis. Ha habido algunos problemas, pero no sólo en Terrassa. La flota móvil mejorará mucho con la compra que hemos hecho de quince autobuses, nueve híbridos y seis eléctricos, que entrarán en servicio el año que viene.
¿Cuál es el modelo de comercio del equipo de gobierno?
Queremos una ciudad donde la gente se quede a comprar, donde puedan pasear por los ejes comerciales y se hagan actividades de dinamización. Hasta ahora hemos garantizado el equilibrio de este modelo con las grandes superficies. Terrassa, de las diez ciudades más grandes de Catalunya, es la única que no tiene megasuperficies. No tenemos una Maquinista, un Magic Badalona o un Mataró Parc. Hemos tenido muchas propuestas de macrocomplejos y las hemos rechazado porque teníamos claro el modelo de ciudad. Eran propuestas que implicaban recalificación de terrenos y no hemos modificado el planeamiento urbanístico para encajar estas megasuperficies. En los últimos tiempos tenemos peticiones, pero la mayoría de las que nos llegan se rechazan porque piden cambios de suelo. Ahora sólo podemos frenar a las grandes superficies por razones urbanísticas. Le hemos dicho a la Generalitat que necesitamos más instrumentos legales para poder incidir en la política comercial. Hasta ahora hemos mantenido el equilibrio, pero nos preocupa que pueda romperse si esta tendencia sigue incrementándose.
Sabadell parece ahora que no está muy interesada en la continuidad del IV Cinturó. ¿Qué defiende Terrassa?
Primero debemos asegurarnos de que acaben el tramo actual. Según nos dicen la Generalitat y Fomento, la idea es que a finales de 2018 o a principios de 2019 esté acabado el tramo hasta Abrera. Es una buena noticia. Intentaremos creérnoslo. Esto nos abre muchas posibilidades de conexión con el Baix Llobregat Nord, con el puerto y el aeropuerto. Respecto al tramo hasta Sabadell, teníamos un acuerdo cerrado que era histórico entre el Ayuntamiento de Sabadell, el de Terrassa y el Departament de Territori. Para nosotros es un acuerdo válido, a pesar de que con el cambio de gobierno, Sabadell esté en contra. No podemos permitir que una vía de alta capacidad acabe en una rotonda en un barrio al norte de la ciudad. Al margen de estar a favor o en contra del concepto de B40, tal y como está ahora, no nos podemos permitir el lujo como ciudad de que se quede como está. Debemos exigir, como mínimo, que el enlace con la Ronda Oest de Sabadell y con la carretera que va a Castellar se haga. Con Sabadell estamos hablando de este asunto. Creo que nunca había habido tanto entendimiento y diálogo con Sabadell como ahora.
¿Se han recuperado las relaciones?
Totalmente. Estamos colaborando en temas concretos como en comercio, porque tienen las mismas problemáticas que nosotros. También en transparencia y en gestión de servicios públicos. Una de las colaboraciones es en infraestructuras. En el marco del Consell d’Alcaldes acordamos con el Departament hacer un plan de movilidad de la comarca. Será complicado ponerse de acuerdo en todo, pero hay posibilidades en temas como la carretera N-150 o enlaces ferroviarios.
¿Comparte la idea de la Cecot de unir el Vallès Occidental y el Vallès Oriental?
Las comarcas tenemos que hablar y cooperar, pero no veo una fusión de los valleses. En la propuesta de la Cecot se plantea una región metropolitana dividida en tres: el Maresme, el Baix Llobregat y el Vallès. Nosotros lo que decimos es que para poder competir con las grandes ciudades a nivel europeo debemos intentar hacernos grandes como región metropolitana, no fragmentarnos. Terrassa, además, tiene una situación privilegiada. Estamos en la puerta metropolitana. La B-40 nos abre la mirada hacia el Baix Llobregat Nord, por tanto, nos da nuevas posibilidades. Con todo el respeto, no tenemos que mirar hacia el Montseny. Tenemos que mirar hacia la gran Barcelona, hacia la Catalunya Central por la E-9, hacia el Baix Llobregat Nord. Tenemos una situación poliédrica que debemos aprovechar. No nos tenemos que casar con nadie y tenemos que hacerlo con todo el mundo a la vez. Las ciudades de la segunda corona, que tenemos un peso económico y demográfico muy importante, queremos implicarnos en la gobernanza de la región metropolitana. Queremos hacer oír nuestra voz.
¿Cómo se articula esta propuesta?
Primero hay que clarificar el ámbito competencial de cada nivel de la Administración. Lo que le pedimos al president Carles Puigdemont es constituir un consejo de alcaldes de los 160 municipios de la región metropolitana. Las ciudades de la segunda corona queremos participar también en el debate de cómo tiene que ser la región metropolitana. Es evidente que los problemas y retos de Terrassa o Sabadell son similares a los que tiene Badalona, Hospitalet, Santa Coloma o Barcelona. No tiene sentido que no nos coordinemos y nos miremos de espaldas. Queremos mirarnos a la cara para competir y también para poder sumar con el área de Barcelona. El consejo de alcaldes podría ser el embrión de un consejo de la región metropolitana. Si sabemos jugar bien, Terrassa, teniendo en cuenta su situación estratégica y que Badalona y Hospitalet al final convergen con Barcelona, es en la práctica la segunda ciudad de Catalunya.
¿Se aplicarán nuevas medidas para proteger el derecho a la vivienda?
Estamos trabajando muy activamente con la Generalitat y con los impulsores de la ILP en la redacción de la nueva ley que debe sustituir a la ley 24/2015 suspendida por el Tribunal Constitucional. De hecho, en estas reuniones internas todo el mundo mira con atención lo que estamos haciendo aquí. A pesar de que muchos dijeron que aplicarían la ley de 2007 para multar a los bancos, nadie lo está haciendo. Terrassa sí. Estamos esperando a ver cómo queda la nueva ley, que seguirá el espíritu de la anterior, pero con nuevas herramientas jurídicas. Esto nos abriría nuevas posibilidades a la hora de negociar con las entidades financieras. En paralelo seguiremos haciendo efectiva también la ley de 2007 y continuaremos poniendo multas. Tenemos 800 expedientes abiertos, 500 de los cuales se han cerrado porque en el primer requerimiento que hicimos a las entidades financieras, se ocuparon los pisos o se pusieron en la bolsa de alquiler. Con otros 100 expedientes se ha llegado a la fase de multas coercitivas, con las que hemos recaudado 540 mil euros. Otros 200 casos se han archivado porque también constan como ocupados.
¿El síndico local se escogerá finalmente a través de un proceso participativo?
Hay una mayoría de partidos que así lo ha decidido. Me criticaron mucho cuando hice la propuesta de que Isabel Marquès continuara. Ha sido una gran síndica, la mejor persona para el cargo. Fue una propuesta que otros grupos políticos no aceptaron. Propusieron un proceso de participación. Debo decir que no estoy nada de acuerdo y también algo que no he dicho antes. Durante todo este proceso he recibido llamadas casi semanales del Síndic de Greuges de Catalunya recomendándome que no se abriese un proceso de participación para escoger al síndico local porque según él esto es politizar la elección del síndico. Él también era partidario de que Marquès continuase. Como alcalde debo escuchar también las recomendaciones que hace el síndico de Catalunya. Me pedía que nos pusiésemos de acuerdo los grupos, que fuese una persona de consenso, que no tuviese ninguna tendencia política. En un proceso participativo puede suceder que los partidos políticos se organicen y se acabe pervirtiendo esta figura.
