Terrassa

Esponjar Ca N’Anglada costará 16 millones de euros

Los vecinos afectados por el plan de esponjamiento de Ca n’Anglada han virado de preferencias. La mayoría de propietarios de la segunda fase han preferido irse a pisos de segunda mano situados en el mismo barrio que a los inmuebles de protección oficial de Torre-sana.
De las 32 viviendas que componen los números 2 y 4 del pasaje de la Prudencia, las comunidades afectadas en esta segunda fase, sólo un vecino ha ido a una vivienda municipal. Los otros nueve propietarios con derecho a realojo, principalmente personas mayores y originarios de Marruecos, han preferido buscarse un piso de segunda mano sin alejarse del barrio. Los técnicos municipales, que trabajan al 50% con el Incasòl en esta operación urbanística de trasfondo social, explican que este cambio de tendencia (en los tres bloques de la primera fase, la opción mayoritaria fue Torre-sana) se debe a los gastos de comunidad que se paga en los pisos protegidos. Los residentes vienen de pagar unos 20 euros al trimestre y se ven abonando alrededor de 80 euros al mes para sufragar el coste del ascensor, la limpieza, el mantenimiento de zonas comunes, etcétera. Ésta es quizás la parte negativa para quienes opten por entregar sus llaves y recibir a cambio las de los inmuebles de Torre-sana (piso por piso, como se prometió desde el principio). Pero a cambio, poseen una vivienda con un valor patrimonial más elevado que el que tenían.

A otros también les desincentiva la fórmula de la copropiedad ideada por el Ayuntamiento para poder realojarles. La Administración está obligada a reubicar a los vecinos en unos pisos de análogas características. Al tratarse las de Torre-sana de viviendas más grandes, la empresa municipal de Vivienda (Habitatge Terrassa) mantiene la propiedad de una parte de la superficie del inmueble, que suele ser el parking y el trastero, si la familia no puede comprar esa porción. En el caso de una futura venta o herencia, la familia debe adquirir primero esa parte sobrante.

No todos se realojan
No todos los residentes tienen derecho a realojo. No lo tienen quienes no vivan en los pisos, como, por ejemplo, los arrendatarios o los bancos, que poseen varias viviendas. Este tipo de propietario recibe el valor de tasación del piso, que no suele superar los 45 mil euros.
Los propietarios de los 22 locales comerciales del antiguo Mercat de Sant Cristòfol han recibido también la indemnización expropiatoria. Al encontrarse todos cerrados desde hace años no tenían derecho al traslado de la actividad.

La existencia de hipotecas muy por encima del valor de los inmuebles ha vuelto a ser una constante en los dos bloques del pasaje de La Prudencia. De momento, se ha conseguido la condonación de una deuda de 133 mil euros con Anticipa, la filial inmobiliaria de Catalunya Banc. En estos casos, el propietario renuncia al realojo y el banco recibe el valor de tasación del piso a cambio de desistir en el cobro de la deuda restante. Este ha sido el caso de Afzal Kihman, que hace apenas un par de semanas, el mismo día que los operarios tapiaban su casa, se apresuraba en recoger sus enseres. Estaba muy contento porque dejaba atrás un lastre que le hipotecaba el futuro. Sin casa, pero también sin deuda, ha puesto fin a una etapa. Su mujer, él y sus tres hijas se marchan a Reino Unido, donde explica que ha encontrado un empleo. Los técnicos trabajan en otras tres condonaciones de deuda. Hasta ahora, sumando los tres bloques ya derribados, vecinos y administraciones han logrado que los bancos condonen deudas por valor de 700 mil euros.

Los traslados de esta segunda fase aún no han concluido. Van más lentos de lo que los vecinos desearían. “En febrero deberían haber estado los vecinos realojados”, reivindica Andrés Zamora, presidente de las asociación de afectados, que urge al Ayuntamiento y a la Generalitat a culminar el proceso. “Todavía queda demasiada gente aquí dentro y la escalera está fatal”, denuncia Zamora, quien también reclama una comunicación más fluida con la asociación. “Los plazos no se están cumpliendo, pero además de los retrasos, hace tiempo que queremos una reunión a tres bandas, que incluya al conseller Josep Rull, y no hay manera”, critica.

Bloque sin cubierta
El estado de degradación de los dos bloques los hace difícilmente habitables. Los vecinos que aún quedan están viviendo en condiciones de insalubridad y falta de seguridad evidentes. El bloque número 4, por ejemplo, hace un año que no tiene techo. Tampoco hay luz, lo que dificulta moverse por la escalera, que está muy deteriorada.

El Ayuntamiento se defiende asegurando que hay situaciones personales y económicas que están dificultando mucho la operación. Uno de los motivos que les están restando agilidad es, por ejemplo, la gestión de las ocho viviendas que están ocupadas ilegalmente (seis pertenecen a un banco). Forman parte de los quince inmuebles que faltan para completar el realojo de los 32 pisos afectados en esta segunda fase. A parte de las ocho ocupaciones ilegales, hay otros cinco pisos con inquilinos de alquiler, un propietario y otro en régimen de derecho de uso temporal, a quien también hay que buscar vivienda.

En el caso de los ocupas, explica Cristina Escudé, directora de Servicios de Territorio y Sostenibilidad, se está trabajando con Servicios Sociales para que puedan regularizar su situación en otro inmueble. De los otros cinco inquilinos, tres no tienen reconocido el derecho de realojo (por el que la Administración debe buscarles un piso similar a un precio de alquiler también similar). No lo tienen por estar residiendo en la finca después de que la aprobación definitiva de la operación urbanística, en noviembre de 2012. En esos casos, sólo perciben 1.800 euros para sufragar los gastos de traslado.

La previsión del Consistorio, comenta Escudé, es completar los realojos antes de que acabe el año, no antes del verano como desean los vecinos. “Esperamos que las negociaciones con los inquilinos ocupas dé pronto sus frutos”, comenta. “Confiamos en poder tener resueltos todos los traslados en el segundo semestre”, anuncia. El derribo de las dos fincas, afirma, también esperan iniciarlo antes de que acabe el año.

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