Terrassa en Comú (TeC) quiere que el Ayuntamiento implante mecanismos para luchar contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos vía paraísos fiscales en la contratación pública. Por eso, la formación presentará una propuesta en el pleno municipal de este mes de junio.
La moción de TeC quiere incorporar una cláusula contractual de carácter esencial para que las empresas que opten a una licitación pública estén obligadas a declarar si tienen alguna relación con paraísos fiscales “según la lista oficial elaborada por la Unión Europea y el Estado español”. En el caso de que así sea, las empresas deberían demostrar, aportando la documentación necesaria, que su vinculación no es considerada delictiva. Si, por el contrario, realizan actividades ilegales como evasión de impuestos o blanqueo de capitales, TeC pide que se prohiba su participación en estas licitaciones.
Además, la propuesta de la formación de izquierdas incluye un mecanismo para que si tras formalizar un contrato público municipal, se verifica la falsedad de la declaración de la empresa contratista o subcontratista de no tener ninguna relación financiera o económica con paraísos fiscales, se considere una falta grave, se impongan penalizaciones y hasta se pueda rescindir el contrato.
Según la concejal Marta Muntanyola, esta moción es “una primera propuesta de toda una serie de medidas que estamos trabajando y que queremos ir presentando en los próximos meses para incorporar criterios sociales, éticos y responsables en todas las políticas de contratación pública en nuestra ciudad”. Además, desde TeC, aseguran que esta propuesta quiere “dar continuidad a las medidas que se han implementado recientemente en Barcelona” y ser “una herramienta complementaria” a experiencias como los observatorios ciudadanos metropolitanos y el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación con la publicación de los Papeles de Panamá o la Lista Falciani.
El grupo municipal asegura que creen que “la idea de los paraísos fiscales es incompatible con la democracia” y que “la ciudadanía pide unas políticas tributarias que permitan que los ingresos que obtenemos en las ciudades reviertan en servicios para el conjunto de la ciudadanía”. En este sentido, Muntanyola explicó que propuestas como esta deben “permitir sumar esfuerzos para un cambio de modelo económico y de desarrollo”.
