El autoconsumo de electricidad en hogares apenas ha avanzado medio año después de la aprobación de la polémica normativa para este tipo de instalaciones, a las que a la elevada inversión para su puesta en marcha se le suma una compleja burocracia, según coinciden las principales asociaciones del sector.
“Un hogar tipo, con una potencia en torno a los 3-4 kW (kilovatios), necesitaría invertir unos 4.500 euros en la compra de 14 placas”, afirma el presidente de la Unión de Española Fotovoltaica (Unef), José Donoso, unas cifras en las que coincide el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez.
“Buena parte de la inversión va destinada a pagar las baterías, el componente más caro”, explica Martínez, quien destaca, no obstante, que estos costes “son un 75 % más baratos que en 2007” por las “enormes mejoras” tecnológicas del sector.
Una vez hecha la inversión, Anpier calcula que, si se adopta “una pauta de consumo programada y disciplinada”, se puede amortizar en 5 años, al tiempo que cree que en el corto plazo se puede llegar a alcanzar un ahorro de hasta el 50 % en la factura de la luz, respecto al consumo tradicional.
En cambio, desde Unef afirman que el plazo de amortización “normal” sería de 15 años con la ley actual y de 10 años sin ella, “por las trabas y peajes a pagar que impone” y que a su juicio busca “desincentivar el desarrollo de las energías renovables”.
En este sentido, ambas asociaciones coinciden en que la ley introduce “tal burocracia que lo normal es que poca gente se anime a instalar placas en su hogar”.
Con independencia de la potencia de la instalación, según la Ley, un particular que quiera autoabastecerse mediante placas solares debe, en líneas generales, obtener un permiso municipal, notificar la instalación a su compañía eléctrica para cambiar la modalidad de contrato y registrarse en el Ministerio de Industria como autoproductor.
Por ahora, en dicho registro hay 49 instalaciones inscritas con una potencia inferior a los 10 kW -donde entran los equipos que habitualmente se instalan en chalet (en bloques de pisos no se permite)- y 132 con una potencia entre los 10 y 100 kW, unas cifras que el sector considera “reducidas”, debido a las “trabas administrativas”.
“Lo peor de todo es que los particulares deben solicitar a su distribuidora eléctrica que les autorice la puesta en marcha de la instalación y, evidentemente, las eléctricas si pueden poner pegas, lo hacen”, afirma Martínez, que también se queja de los plazos que tarda la Administración en dar una respuesta.
“La instalación puede estar lista, con todos sus permisos, en cuestión de 6 meses”, afirma Donoso, un plazo “mucho más largo que en el resto de Europa, aún a pesar de que nosotros somos el país del sol”, señala Martínez.
Según el sector, España podría ser la “gran potencia europea” del autoabastecimiento solar, y creen que todos los productos relacionados con esta fuente energética -placas y accesorios- podrían convertirse en bienes de consumo doméstico.
Para grandes distribuidores, como Ikea España -la filial británica retomó la venta de placas fotovoltaicas en abril-, es necesario también que “la situación en materia normativa y legal sea más clara en España para que a largo plazo los clientes puedan invertir de forma segura en estas instalaciones”.
La cadena de establecimientos señala que España está en la lista para el lanzamiento de este producto, aunque pronostica que su implementación en el mercado nacional no ocurrirá antes de 2017.
Por otra parte, las principales eléctricas españolas también han empezado a mirar este mercado y, por ejemplo, Iberdrola ya ofrece un paquete integrado para poner en marcha una instalación solar de autoconsumo para hogares, fábricas y regadíos.
