Los partidos de izquierda de la oposición municipal convocaron ayer una rueda de prensa para poner de manifiesto que el equipo de gobierno su preocupación por lo que consideran un injustificado retraso en la elaboración del Plan de Seguridad Municipal y critican el hecho de que no se lleve a cabo un diagnóstico integral sobre la material, documento imprescindible para llevar a cabo el plan. Son muchos los planes, informes, estudios y comisiones que se generan en la dinámica municipal que luego se diluyen a lo largo del mandato sin que se vuelva a saber nada más de ello. Ocurre en los ayuntamientos y en otras instancias de la administración y las razones son múltiples: porque deja de ser prioritario, porque no hay recursos o porque en realidad, como se suele decir, la mejor forma de que un asunto desaparezca de la agenda es creando una comisión de estudio.
En todo caso, es lógico que la oposición se ocupe y se preocupe de que, al margen de lo que pueda pasar en torno a informes o comisiones, al menos se cumplan los acuerdos de pleno y eso debería ser una común a todos los grupos, y también al equipo de gobierno. En todo caso, razones habrá y sobre esta cuestión en particular, será la concejal Rambla la que deberá dar explicaciones.
El interés sobre el Plan de Seguridad Municipal de Terrassa se centra esencialmente en el modelo policial y dentro del modelo policial, no nos engañemos, merece a la oposición una especial atención el denominado Grupo de Intervención de la Policía Municipal (GIP), antes conocido como GIE. La relación del GIE con algunos grupos de la izquierda alternativa ha sido históricamente tormentosa y su existencia ha llevado a la concejal de la CUP a manifestar que la policía municipal de Terrassa es un cuerpo represivo.
La cuestión es recurrente y la disolución se ha convertido en una cuestión de amor propio para los partidos de izquierda. Recordemos que incluso Iniciativa per Catalunya, estando en el gobierno del anterior mandato ya criticó a ese grupo. En todo caso, de lo que se trata es, de una vez por todas, determinar si el grupo de intervención es, en primer lugar, necesario. Una mala relación enquistada de años no puede determinar la necesariedad o no, la eficacia o no de ese grupo. Quizás el Plan de Seguridad deba servir para acabar con la polémica y establecer si debe existir o no ese grupo y en caso afirmativo cuál debe ser su modelo. Un grupo que, por cierto, tiene unidades comparables en ciudades gobernadas por partidos de izquierdas.
