El PP ha recurrido el pago de 1,2 millones de euros en concepto de fianza como responsable civil subsidiario por el caso Bárcenas sobre la supuesta caja B del partido, alegando que el Juzgado de José De la Mata no ha tenido en cuenta los bienes ya depositados por algunos de los responsables directos.
“Habiéndose afianzado un total” de 15,6 millones de euros por parte de los acusados, el PP no entiende “por qué dicha cuantía no afectó, como necesariamente debería haberlo hecho, a las cuantías requeridas a esta parte”, que “no se vieron reducidas ni en un céntimo de euro”, señala el partido en el recurso de reposición contra esa decisión, al que ha tenido acceso Efe.
Considera que los bienes puestos a disposición del Juzgado por los acusados “serían suficientes” para cubrir la fianza exigida al partido al que “no cabría exigir prestación de fianza alguna” a no ser que se le esté dando al PP el tratamiento de responsable solidario en lugar de subsidiario.
El PP califica así de “error” que De la Mata le reclame esa cantidad con el argumento de que no han sido satisfechas la totalidad de las fianzas reclamadas a los principales acusados -los extesoreros del PP Luis Bárcenas (8,9 millones de euros), Álvaro Lapuerta (8,9) y Cristóbal Páez (7,4)- y al despacho de arquitectos Unifica, el que reformó la sede del PP en la calle Génova y que debía pagar 4 millones.
El PP recuerda que la responsabilidad civil de los acusados es “conjunta y solidaria”, por lo que el partido “únicamente respondería en caso de que ninguno de ellos se muestre solvente” y bastaría con que uno abone una fianza “en cuantía suficiente para cubrir dichas responsabilidades” para dar por cumplida “esta obligación”.
Otro error al que apunta el recurso es que el Juzgado no ha aplicado debidamente la rebaja en 577.249 euros acordada en su día para todas las fianzas y alega además indefensión al haber sido requerido “para el pago del 100 % de la responsabilidad civil” sin haberle sido notificadas “las labores de averiguación patrimonial” sobre los bienes depositados por los demás responsables civiles, “de cuya solvencia depende el consiguiente perjuicio patrimonial” del PP.
Lamenta que el Juzgado no haya tenido en cuenta ni le haya notificado al partido, ante de reclamarle la citada fianza, que Lapuerta depositó 320.000 acciones de la mercantil Inmobiliaria El Royuelo -valoradas en 3,3 millones de euros-, así como el 50 % de una vivienda, valorada en 2005 en 1,6 millones.
Lo depositado por la Lapuerta asciende en total a 4,1 millones de euros, lo que ya de por sí, según el PP, sería suficiente para cubrir la fianza subsidiaria reclamada al partido.
Pero no sólo él ha cubierto su fianza, sino que Paéz también ha designado bienes valorados en 455.370 euros, mientras que respecto a Bárcenas, el juzgado ha dictado una resolución “contradictoria”, según el recurso, en la que por un lado dice que no ha prestado fianza y luego señala que sólo “han quedado cubiertas una parte de las responsabilidades exigidas”.
Además de los tres principales acusados -prosigue el escrito- Unifica ha ofrecido bienes para cubrir su fianza valorados en 10,9 millones de euros.
El PP cree por tanto que el juzgado debería haber tenido en cuenta estas cantidades “con carácter previo a llamar al Partido Popular como responsable civil subsidiario” y por ello solicita que, al menos, se suspenda el plazo de díez días dado por el juzgado para que deposite esos 1,2 millones mientras se resuelve el recurso.
La fianza de 1.245.154 euros al PP se basa en los 220.167 euros que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y en el millón de euros que no pagó por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.
