Julio tiene 63 años y está jubilado. Con su pensión, de 600 euros, viven él y su mujer. Javi, a sus 42 años, está en el paro y subsiste gracias a los 400 euros que cobra de la ayuda familiar y a los 200 euros que gana su mujer en un trabajo a tiempo parcial. Adriana, sus cinco hijos y su marido, sobreviven con 624 euros de la Pirmi. Ellos, y también Mónica y Carmen y María Dolores son personas corrientes que, sin embargo, atraviesan una situación excepcional que les une y les convierte en noticia: viven de manera irregular en pisos vacíos que son propiedad de los bancos. Ahora, todas ellas y muchas más, alrededor de 500 egarenses (unas 115 familias), se han constituido como asociación para hacer frente común y exigir en voz alta un alquiler social que les permita salir de la precariedad.
Son ocupas sin k porque su acción no persigue ser un gesto de protesta política sino que es "una necesidad". Ellos prefieren denominarse familias en situación de realojo, aunque el debate no es semántico sino social. "Somos personas que nos hemos quedado sin una vivienda y hemos tenido que realojarnos en pisos que no son nuestros. No queremos vivir gratis, queremos un alquiler social que nos permita vivir dignamente y dormir tranquilos". Son palabras de Adriana Ortiz, que resume el sentir de sus compañeros de asociación. Ella es la secretaria del Colectivo sin Vivienda de Terrassa, que acaba de constituirse formalmente y que reúne a más de 500 personas, entre adultos y niños, que residen en inmuebles que han pasado a manos de entidades financieras.
La organización se reúne cada quince días en un local del número 27 de Jacint Elies, en Ca n’Anglada. El primer encuentro será este lunes, día 23. De momento representan a unas 115 familias dispersas por la ciudad; la mayoría están realojadas en bloques enteros, símbolo del derroche y derrumbe del ladrillo, que pertenecen a los bancos y que nunca fueron habitados. En total, se han unido los vecinos de diez bloques ocupados (en La Cogullada, Ca n’Anglada, Les Arenes, Can Palet y Poble Nou-Zona Esportiva) y los residentes en una quincena de pisos de entidades financieras. Algunas comunidades empezaron a reunirse para negociar juntos hace aproximadamente dos años con el apoyo de la Xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa, pero ha sido ahora, hace dos meses, cuando se han organizado formalmente.
Tres mil pisos de bancos
Su objetivo no es otro que el de presionar a los bancos y a las administraciones para conseguir un alquiler social, las dos palabras que más se repiten durante el encuentro con ellos. "Decidimos unirnos porque individualmente no nos hacen ni caso. Los bancos no quieren negociar nada con nosotros. Directamente nos ignoran o nos dicen que o nos marchamos por las buenas o lo haremos cuando lo diga un juez", relata Javi Degado, presidente del colectivo. No están dispuestos a hacer ni una cosa ni otra. "No nos vamos a quedar con nuestros hijos en la calle cuando hay miles de pisos vacíos", añade Mónica, que vive con su pequeño de ocho años.
Apelan a los bancos, pero también a las administraciones, Ayuntamiento y Generalitat, para que solucionen un problema que se cuenta por miles: los tres mil pisos vacíos en manos de entidades financieras que hay en la ciudad, según un informe dado a conocer por el servicio municipal de Urbanismo. En total, Terrassa tiene 14 mil inmuebles cerrados. "Pisos hay -denuncian- de sobra y para todos. Lo que no hay es interés por parte de las instituciones para darnos un alquiler social". La asociación cuenta ahora con 500 personas, pero aseguran que "hay muchas más en la misma situación". Más de un millar, afirman. Es a ellos a quienes también se dirigen porque su idea es hacer piña, salir del anonimato y ayudar a otras personas que atraviesan circunstancias parecidas. "Explicamos que es imprescindible empadronarse, cómo tener acceso al agua o a la luz, y nos prestamos también a seguir su caso".
¿Cómo son estas cien familias que viven en pisos ocupados? ¿Hay un perfil, un patrón que conduzca al borde de la exclusión? No lo hay. Entre el colectivo hay parados, familias con hijos, trabajadores en precario, personas que viven solas y gente mayor "que nunca se hubiese imaginado vivir así". Todos quieren que se sepa que son familias comunes, que no buscan problemas ni caridad. "No somos delincuentes, somos personas con más necesidades, quizás, que queremos vivir legalmente. No nos negamos a pagar, pero queremos alquileres razonables, que nos permitan vivir tranquilos, sin estar pendientes de cuándo nos van a echar", reivindica María Dolores Ruiz. "No somos okupas, somos personas que ocupamos por obligación", resume Carmen Jiménez. Piden empatía porque "tener que dar el paso de vivir legalmente y con tranquilidad a estar en una casa de la que te pueden echar en cualquier momento no es fácil", explica Javi Delgado, que vive con su mujer en un bloque ocupado de La Cogullada desde hace dos años compartiendo vecindad con otras 16 familias.
Muchos de ellos han acabado dando la patada en la puerta después de haber sido desahuciados de sus viviendas en propiedad, aunque otros tantos proceden de inmuebles en alquiler. "Los alquileres están altísimos, te piden requisitos que poca gente puede reunir, como trabajo estable, aval bancario y sueldos altos. Con suerte algunos llegamos a cobrar 600 euros", denuncia otro miembro del Colectivo Sin Vivienda.
Escasez de ayudas
La mayoría han sido solicitantes de pisos de protección oficial que siguen esperando una respuesta del Ayuntamiento. Los afectados se quejan de que hay pocas ayudas sociales para ellos, prácticamente ninguna si no tienes ingresos. "Si no tienes Pirmi, ni ayuda familiar no tienes derecho a nada, no te hacen ni caso, ¡pero es que si tuviera ingresos para pagarme un alquiler no estaría pidiendo ayuda a Servicios Sociales!", se queja María Dolores. Una de las denuncias recurrentes del colectivo es el trato en los servicios sociales: "Si explicas que no tienes casa y vas a pedir un piso te abren un expediente; pero si dices que has ocupado una vivienda te lo cierran inmediatamente, ¡cómo si el problema estuviera ya solucionado!", lamentan.
Su día a día en los edificios y pisos ocupados es de lo más corriente a pesar de la precariedad que padecen. "Estamos viviendo, no destruyendo nada", remarcan. Hacen turnos de limpieza, se organizan para reparar desperfectos o reponer elementos de las zonas comunes y mantienen las viviendas en condiciones dignas, aseguran. Las sienten como si fueran suyas. Su idea, de hecho, es poder formalizar un alquiler social en esos mismos pisos para no tener que pasar por nuevos cambios, especialmente por no trastocar más la vida de los niños.
