La Comisión Europea (CE) pide a España ajustes por unos 8.100 millones de euros, al exigirle una mejora en el balance estructural del 0,25 % del PIB en 2016 y del 0,5 % en 2017 para situar el déficit en el 2,5 % del PIB el año próximo, según su recomendación remitida al Consejo de la UE.
La CE recomienda que España tome metidas en 2016 y 2017 para asegurar una corrección duradera del déficit excesivo en 2017, reduciendo el déficit gubernamental general al 3,7 % del PIB en 2016 y al 2,5 % en 2017.
El Gobierno español en funciones había propuesto en su programa de Estabilidad una nueva senda que implicaba rebajar el déficit del 5,1 % registrado en 2015 -si se incluyen 0,1 puntos de la ayuda financiera- al 3,6 % del PIB en 2016 y al 2,9 % en 2017.
Con la recomendación de la CE al Consejo de la Unión Europea (UE), es decir a los socios de España, el Ejecutivo comunitario fija un objetivo ligeramente mayor que el Gobierno para 2016, pero endurece el de 2017 al fijarlo en el 2,5 %.
En el documento, la CE explica que la nueva recomendación para España, en la que da un año de margen, tal y como ha pedido el Gobierno en funciones, supone una “mejora en el balance estructural del 0,25 % del PIB en 2016 y del 0,5 % en 2017”, un 0,75 % en total, es decir unos 8.100 millones de euros.
Para reducir el déficit por debajo del 3 % del PIB exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), España deberá “implementar en todos los niveles gubernamentales los instrumentos establecidos en el marco fiscal”, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Igualmente ve necesario que España “mejore los mecanismos de control para la contratación pública y la coordinación de las políticas de contratación pública en todos los niveles gubernamentales”.
En cuanto al empleo, la CE pide a España que tome medidas para mejorar la integración del mercado laboral al centrarse en el apoyo individualizado y reforzar la eficacia de las medidas de formación.
El Ejecutivo comunitario considera además que España debe mejorar la capacidad de los servicios regionales de empleo y la coordinación de éstos con los servicios sociales, y hacer frente a las brechas y disparidades en los sistemas de renta mínima y mejorar los esquemas de apoyo a familias.
La CE quiere asimismo que España actúe más para mejorar la relevancia de la educación superior en el marcado laboral, al ofrecer incentivos para la cooperación entre universidades, empresas y centros de investigación.
También recomienda aumentar la financiación basada en el rendimiento de entes públicas de investigación y universidades y fomentar la inversión en investigación e innovación por parte del sector privado.
Otra recomendación dirigida a España es que acelere la implementación de la ley de garantía de la unidad de mercado a nivel regional y asegure la aplicación en las regiones de las reformas adoptadas para el sector minorista.
Asimismo, la CE pide a Madrid que adopte la planeada reforma de los servicios profesionales y asociaciones.
