David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, desveló durante 13 horas al juez Eloy Velasco el funcionamiento de una red corrupta de comisiones a cambio de adjudicaciones que incluía pagos a alcaldes y financiación de campañas electorales en decenas de municipios de Madrid.
Una trama de la que él era el cerebro junto con el exsecretario general del PP de Madrid, exconsejero de Presidencia de Madrid y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, a quien acusa incluso de lucrarse y de ser el ideólogo de operaciones inmobiliarias que su empresa desarrolló en esa localidad del sur de Madrid cuando él era alcalde.
El propio Granados participó en la empresa de Marjaliza usando, para ocultar su nombre, a la mujer de su jefe de gabinete en el Ayuntamiento, en un porcentaje que en su primer día de declaración concreta en un 10 o 20 % y al día siguiente acaba rebajando a un 2 %.
En cualquier caso, Marjaliza, compañero de filas de Granados en la época de Alianza Popular, detalla que el exconsejero se llevaba entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda que él vendía, operaciones que se hacían parte en negro, hasta el punto de que llegó a acumular “millones” que luego escondió en Suiza con ayuda de Granados.
Fue también Granados quien le avisó de que le estaban investigando tras una conversación que tuvo el exconsejero a las 4 de la madrugada en una discoteca de Valdemoro con un guardia civil. Entonces le recomendó romper la documentación que tuviera: “Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar”, confiesa.
Pero la confesión de Marjaliza no se queda en Granados, sino que afecta a decenas de alcaldes y concejales de localidades como Parla, Pinto, Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle, Aranjuez, Torrejón de Velasco, Alcalá de Henares, Valdemoro, Móstoles, Getafe, Moralzarzal y Collado Villalba.
El cerebro de la trama apunta directamente a Tomás Gómez, exalcalde de Parla y exsecretario general del PSM, y afirma haberle pagado “mítines, banderolas, bebidas, muchas cosas” a cambio de la adjudicación de “seis o siete parcelas” para la construcción de viviendas.
“Me decían, ¿quieres viviendas en este suelo? Sí. Preséntate a este concurso. Nos presentábamos a veinte parcelas y nos adjudicaban cuatro. En el caso de Parla nos adjudicaron seis o siete por un total de 400 y pico viviendas”, relata al juez en su declaración, que tuvo lugar en junio de 2015 en sesiones de tres días.
También señala al número 3 del equipo de Cristina Cifuentes y actual consejero de Medio Ambiente de Madrid, Jaime González Taboada, entre los supuestos perceptores de comisiones ilegales y le acusa de “mangonear” contratos del Plan Prisma, destinado a repartir inversiones en los pueblos de la Comunidad.
“El que mangoneaba allí era él”, sentencia Marjaliza en un momento del interrogatorio, en el que revela un método “no escrito” para cobrar las comisiones: un tercio para los técnicos, un tercio para Granados o la Consejería y un tercio para “los que estaban allí”, es decir, los directores generales, “Jaime González Taboada con su gente”.
Otra de las implicadas por Marjaliza es la exedil de Valdemoro por el PSOE y posterior diputada de Ciudadanos, Eva Borox, quien, según su versión, cobró de Púnica 30.000 por abstenerse en algunos plenos.
La trama inmobiliaria se extendía a la vivienda pública y el empresario revela al juez que, en los años en los que operaba la Púnica, el 98 % de las viviendas protegidas en España se adjudicaban previo pago de comisiones a los ayuntamientos.
Como norma general, según Marjaliza, si había adjudicaciones de vivienda protegida, la red corrupta pagaba “paquetes” que podían ser de 200.000, de 300.000 o de 50.000 euros, casi siempre después de la adjudicación.
Cuando el “boom” inmobiliario comenzó a tambalearse, la Púnica se reconvirtió y dirigió sus negocios a otras actividades como adjudicaciones de contratos de eficiencia energética valiéndose de la empresa Cofely.
La empresa recibió adjudicaciones a cambio de comisiones, que variaron entre los 500.000 y los 2.000 euros, a alcaldes de una decena de municipios del PP y del PSOE.
La mayor mordida (500.000), afirma el empresario, se la llevó el exalcalde de Parla (PSOE) José María Fraile, al que siguió el de Collado Villalba (PP) Agustín Juárez (algo más de 200.000).
Y entre tanto, la red contribuía a financiar campañas electorales de los partidos, no sólo del PSOE en Parla, sino también, por ejemplo, del PP en Valdemoro, al que el propio Marjaliza adelantó 90.000 o 100.000 euros en la de 2011.
Las grabaciones de su confesión, a las que ha tenido acceso Efe, se incluyen en el sumario de Púnica junto a las de otros imputados como Salvador Victoria, que dijo sentir una “desconfianza absoluta” hacia Granados, o la princesa Inés de Borbón, quien negó haber participado en un delito de blanqueo de dinero de Suiza.
