Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Ullastrell a que la bandera española vuelva a ondear en su fachada y en el resto de dependencias municipales, en cumplimiento de la ley relativa al uso de la enseña española en edificios oficiales. El fallo ha sido emitido por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 15 de Barcelona, a raíz de una denuncia interpuesta contra el Ayuntamiento (perteneciente a la Associació de Municipis per la Independència) por la delegación del Gobierno en Catalunya, después de que hiciese caso omiso a sus diferentes requerimientos para que la bandera española volviese a ondear en la fachada del edificio consistorial.
El ejecutivo local (formado por ERC y Junts per Ullastrell -JpU-) avanzó ayer que con casi toda probabilidad no acatará la sentencia, una decisión con la que se siente respaldado por el resto de grupos municipales, que a finales del año pasado aprobaron por unanimidad una moción (justo después de que la delegación del Gobierno presentase la demanda) en la que, entre otras cosas, se decía que la bandera española no volvería a ondear en la fachada del Consistorio.
“Próximamente llevaremos a cabo contactos entre todos los partidos políticos y con las asociaciones soberanistas del municipio para tomar una decisión sobre la sentencia”, explicó ayer el alcalde, Joan Ballbè (ERC), quien adelantó que “es muy probable que no la acatemos y nos reafirmemos en la decisión de no colgar la bandera española, siendo coherentes con la determinación que tomamos en su momento”.
Multas
El fallo deja la puerta abierta a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, posibilidad sobre la que “no tenemos nada decidido, aunque es muy probable que no lo hagamos por innecesario, ya que no vale la pena gastar dinero en apelar para que nos vuelvan a decir que tenemos que poner la bandera”, explicó el primer edil.
En caso de incumplimiento de la sentencia, el propio alcalde podría enfrentarse a multas que oscilarían entre los 150 y los 1.500 euros. Estas multas, explicó ayer Ballbè, podrían ir repitiéndose hasta que se acate la sentencia. De no hacerlo pese las sanciones, el siguiente paso consistiría en pedir responsabilidades penales al alcalde, de manera que podría enfrentarse a un delito de prevaricación y a otro de desobediencia.
En cualquier caso, Ballbè dejó claro ayer que si finalmente hay sanciones, éstas no se pagarían con dinero de las arcas municipales. “Una posibilidad es hacer actos reivindicativos para recolectar el dinero de las multas”, apuntó como posibilidad, y dio a entender que él mismo (desde su faceta de miembro de ERC) se haría responsable de esas sanciones.
Respecto al tiempo de que dispone para dar cumplimiento a la sentencia, el Ayuntamiento desconoce los plazos ya que todavía no le ha llegado la orden de ejecución del fallo.
La moción a la que se agarra el Ayuntamiento para no acatar la sentencia fue aprobada por unanimidad en un pleno celebrado en octubre de 2015. Tuvo el apoyo de ERC, JxU y CiU, mientras que Ullastrell Grup d’Opinió (UGO) no asistió a aquella sesión plenaria. El texto acuerda que “el pleno municipal reafirma la voluntad de no poner la bandera española y da apoyo al alcalde en relación a los requerimientos y demandas del Estado español” y afirma que “la bandera española no ondeará en el balcón del Ayuntamiento, exceptuando ocasiones de bilateralidad institucional en el futuro”.
