Agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Rubí han desmantelado una plantación de marihuana con 337 macetas en el polígono industrial de Can Jardí, en concreto en una nave situada en la calle Verdi, y han denunciado a una rubinense de 30 años y a un terrassense de 40, ambos de nacionalidad española, que cuidaban de la instalación.
Los dos denunciados están siendo investigados por un delito de tráfico de drogas y otro por fraude en el fluido eléctrico valorado por la compañía suministradora en unos 14.900 euros, informó ayer la policía catalana a través de un comunicado.
La nota de los Mossos explica que los agentes entraron en la nave el pasado 20 de abril autorizados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Rubí.
Los Mossos d’Esquadra iniciaron la investigación a principios del mes de abril a raíz del fuerte olor a marihuana que salía de la nave industrial y los ruidos constantes de ventiladores o aparatos de aire acondicionado.
Los investigadores identificaron a una mujer, a la postre la denunciada, que accedía repetidamente a la nave industrial y supieron que junto con el inquilino de la nave, el denunciado, llevaban un negocio de asociación cannábica en Rubí.
Armario
Antes estos indicios, los Mossos entraron, tras obtener la orden judicial, en la nave y procedieron a registrarla. El inmueble estaba dividido en dos plantas. En la planta baja los agentes localizaron un armario a través del cual se accedía un espacio totalmente acondicionado para el cultivo de marihuana. Allí se encontraron 337 macetas con restos de plantas de marihuana, por lo que se desprende que los dos denunciados ya habían recogido, envasado y distribuido prácticamente toda la droga.
En esa planta baja también se encontraron catorce lámparas de gran potencia, cuatro ventiladores de pie y dieciocho transformadores eléctricos.
En la planta superior, los Mossos hallaron tubos de extracción y ventilación, dos bolsas con hojas de maría y un libro con datos de personas que formaban parte de una asociación de consumidores.
La policía catalana comprobó asimismo que la pareja había llevado a cabo una conexión eléctrica fraudulenta que suponía un cargo para la compañía de unos 14.900 euros, motivo por el que también se les denunció.
