La CUP valora como una “victoria social” la decisión de la Policía Municipal de abandonar la vía judicial en el conflicto abierto con la formación política por unas declaraciones de su portavoz, Maria Sirvent.
Los hechos se retrotraen a julio del año pasado, cuando Sirvent pidió en el pleno la disolución del Grupo de Intervención de la Policía Municipal (GIP) por entender que tiene una “clara función de represión política”. Sus palabras y la falta de apoyo explícito del alcalde, responsable último del cuerpo de seguridad, llevaron a quince agentes a solicitar un acto de conciliación para que la edil se retractara de sus palabras. No lo hizo entonces, cuando en enero se celebró la cita, ni lo hace ahora; si bien ahora, señala, nadie se lo ha pedido.
Ella tampoco ha solicitado a los agentes que se disculpen, ni estos lo han hecho: “No me sorprende la reacción que tuvieron ni la retirada de ahora, que es fruto de la movilización que se ha producido durante este tiempo”, afirmó ayer Sirvent. La portavoz de la CUP reiteró que la decisión de los agentes de aparcar el camino judicial supone una “victoria social de nuestros posicionamientos políticos” y se ha conseguido “gracias a la presión popular y de los movimientos sociales”. Considera que el anuncio de una posible querella era “una medida de presión política sin base jurídica” y defiende que su valoración sobre la función que ejerce el GIP forma parte de la “libertad de expresión”. Sirvent entiende que la CUP y ella como concejal son “sujetos políticos expuestos a la represión política” como sucedió, señala, en el caso de Can Vies o la manifestación frente al Parlament.
Repensar la seguridad
La polémica generada a raíz de este conflicto, considera la CUP, “ha abierto un debate que no tiene retroceso sobre el modelo de seguridad en la ciudad”. Precisamente en este punto pretende la CUP que se centre ahora la discusión, que se abrirá en breve mediante la celebración de una jornadas temáticas. La propia Policía, explicó Sirvent, se ha mostrado dispuesta a intervenir en este proceso.
Estas sesiones de debate deben servir, a juicio de Mireia Pi, miembro de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa (SAT), para “revertir la idea de seguridad”, que no debe basarse solo en una actuación “reactiva” ante un hecho delictivo, sino que también debe tener un componente de “prevención” de conflictos con recursos sociales “adecuados” y un trabajo en el ámbito de la educación.
