Un neurocirujano se sentará en el banquillo por estafar presuntamente a un paciente. El fiscal, que pide una pena de cuatro años de prisión, dice que el doctor operó el nervio ciático a la víctima en una intervención privada, cuando sabía que esa misma operación estaba incluida en la Seguridad Social.
El afectado padecía un síndrome piramidal de varios años de evolución y nada, ni las terapias físicas ni las farmacológicas, le generaban mejora clínica alguna. Las víctimas de ese síndrome sufren dolores en glúteos, y a veces en espalda y muslos; el músculo piramidal o piriforme se contractura y se va acortando de manera progresiva, irritando y presionando el nervio ciático.
El 28 de agosto del 2012 el paciente se presentó en la consulta privada de un afamado neurocirujano terrassense. El médico vio el caso y dictaminó: había que operar para descomprimir el nervio ciático. Según el Ministerio Fiscal, el doctor manifestó al paciente que el tratamiento quirúrgico no se podía realizar en la sanidad pública, pues requería "de unas herramientas especiales que el sistema público de salud no poseía".
Beneficio
El acusado conocía que la intervención quirúrgica prescrita estaba incluida dentro del Sistema Nacional de Salud", regulado en Real Decreto 1030/2066 de 15 de septiembre, afirma el Ministerio Fiscal, que atribuye al neurocirujano la intención de obtener un beneficio ilícito con su omisión de información.
La operación se efectuó en el hospital Mútua Terrassa unos días después de la visita, el 17 de septiembre del 2012, pues el paciente confió en lo indicado por el doctor y en su mérito profesional. Al final, el proceso le costó 8.716,26 euros: seis mil destinados al cirujano, 2.210 a la clínica y 506,26 al centro Dexeus por la realización de una resonancia magnética.
Ese dinero deberá pagar el acusado al paciente si las conclusiones provisionales de la Fiscalía se elevan a definitivas y la Audiencia Provincial, que prevé juzgar el caso la próxima semana, las hace suyas. El fiscal reclama para el médico una pena de cuatro años de prisión y una multa de 4.500 euros.
