El Consejo de Alcaldes del Vallès Occidental acordó ayer dotarse de una política industrial común que favorezca la instalación de nuevas actividades en la comarca. Una de las acciones que impulsarán consiste en estudiar medidas fiscales que atraigan empresas al territorio, de manera que los municipios puedan cooperar en lugar de hacerse la competencia. La coordinación también se dará en el ámbito del comercio, donde quieren crear una mesa de trabajo para diseñar un modelo comercial a nivel comarcal. Durante el encuentro, los ediles abordaron el contestado recurso del Gobierno a la ley antidesahucios aprobada por la Generalitat el pasado mes de julio. Los 23 municipios de la comarca acordaron “continuar buscando fórmulas que permitan aplicar la ley” ahora suspendida por el Tribunal Constitucional, en palabras del presidente del Consell Comarcal, Ignasi Giménez. En la vertiente de la pobreza energética, que no ha sido recurrida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, recordaron su propuesta de que las compañías suministradoras de servicios básicos como la luz, el agua y el gas, destinen el 2% de la facturación en los municipios de la comarca para el fondo social que cubra las deudas de las familias que no pueden pagar.
