La Mesa del Congreso ha habilitado hoy a los servicios jurídicos de la Cámara baja para que interpongan ante el Tribunal Constitucional (TC) el conflicto de atribuciones contra el Gobierno en funciones por negarse a ser sometido al control parlamentario.
Según han informado fuentes de la Presidencia del Congreso, el recurso que van a elaborar los letrados de las Cortes podría estar listo en unas dos semanas antes de presentarse oficialmente ante el Constitucional.
El pasado 6 de abril, el pleno del Congreso autorizó a su presidente, Patxi López, para que presentara ese conflicto de atribuciones en defensa de las competencias de control de la Cámara y daba un mes de plazo al Gobierno para que alegara lo que considerara oportuno.
Alegaciones que el Gobierno envío al Congreso el pasado viernes -prácticamente en el límite- y en las que ratificaba su criterio de que no puede ser sometido a control parlamentario mientras está en funciones.
En su escrito, el Ejecutivo reitera que al no existir una relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Parlamento, no cabe que sea sometido a control.
La confianza se otorga, según recuerda el Ejecutivo, mediante la investidura por parte del Congreso de un presidente del Gobierno, algo que no ha ocurrido en la XI Legislatura, en la que el Gobierno ha permanecido en funciones.
“Como consecuencia del otorgamiento de dicha confianza y sólo cuando ésta existe, el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados mediante los mecanismos de control establecidos en el propio texto constitucional y desarrollados por el Reglamento de la Cámara”, remarca el escrito.
Cumplido el preceptivo trámite de alegaciones que marca la ley del Tribunal Constitucional, la Cámara baja dispone ahora de un mes para interponer su recurso, hecho que, según las fuentes, podría adelantarse unas dos semanas.
Por otro lado, la Mesa del Congreso también ha ratificado hoy el fin de la tramitación parlamentaria de todas las iniciativas que han decaído con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones del 26 de junio.
Todas las proposiciones quedan sin efecto salvo las seis iniciativas legislativas populares (ILP) que ya están en tramitación y los dos reformas de estatuto de autonomía que los respectivos parlamentos han remitido a la Cámara, entre ellas la reforma del estatuto de la Comunidad Valenciana, cuya toma en consideración obtuvo el visto bueno del pleno.
No obstante, la próxima Mesa de la XII legislatura podrá retrotraer estas dos reformas estatutarias a cualquier momento de su tramitación, por lo que podrían tener que volver a pasar por el pleno de la Cámara.
