La constructora Metrovacesa deberá abonar al Ayuntamiento 188 mil euros por los trabajos de descontaminación que realizó en 2011 del solar ubicado en la calle de Gasómetro, donde se levantaron los primeros barracones de la escuela Sala i Badrinas.
Después de varias impugnaciones y recursos, la pugna judicial entre la empresa y el Consistorio, que ha durado cuatro años, se ha saldado ahora, cuando el jugado contencioso -administrativo número 6 de Barcelona ha fallado que es Metrovacesa, como propietaria del solar, la que debe hacerse cargo de la descontaminación del suelo que llevó a cabo el Ayuntamiento de manera subsidiaria por valor de 188 mil euros.
Los hechos se retrotraen a 2011, cuando Metrovacesa le cedió al Ayuntamiento de manera temporal el uso de una finca de Segle XX, entre las calles de Gibert, Roger de Llúria y Gasómetro, para que construyese los barracones de la escuela Sala i Badrinas hasta que el centro pudiese levantarse en su lugar definitivo (algo que aún no ha sucedido), a escasos metros. De hecho, ese terreno había sido asignado al Ayuntamiento en el marco del proyecto de reparcelación del sector, pero la urbanización correspondía a Metrovacesa como promotora de un ámbito de remodelación urbanística que sigue sin llevarse a cabo. A cambio de esa cesión temporal de uso, el Consistorio se encargaba de realizar las obras necesarias de conservación de la finca para instalar allí los barracones.
La sorpresa llegó cuando el Consistorio quiso ampliar la escuela (compuesta entonces por dos aulas) y se encontró con un depósito con residuos de alquitrán, parece que de un contenedor de hidrocarburo de una empresa suministradora de gas radicada en la zona alrededor del año 1950. El estudio que se hizo en su momento determinó la presencia de elementos contaminantes en el suelo de “elevada toxicidad y potencial riesgo para la salud”.
Traslado de los alumnos
El Ayuntamiento procedió entonces a reubicar a los alumnos en la escuela Bisbat d’Ègara, en febrero de 2012 (ahora los barracones están situados en el Parc de Vallparadís) y a retirar el depósito de gas, operación en la que se gastó los 188 mil euros que reclama. La justicia le ha dado la razón al entender que es la propietaria del terreno quien debe encargarse de costear la limpieza, con independencia de que dichos gastos sean imputables al responsable de la contaminación del suelo. Precisamente, la Agència Catalana de Residus dictaminó en 2012 que las responsables eran las empresas La propagadora del Gas y Gas Natural.
El juzgado, además, defiende la urgencia de la actuación subsidiaria del Ayuntamiento al limpiar el solar ya que según el informe técnico redactado en su momento, los residuos detectados eran “peligrosos”, lo que podía suponer un “grave riesgo para la salud”.
