El grupo parlamentario de Democràcia i Llibertat (DiL) registró la semana pasada una proposición no de ley en el Congreso para que las administraciones locales puedan controlar y sancionar a los conductores que aparcan en plazas de centros comerciales reservadas a personas con movilidad reducida.
La iniciativa viene a colación del polémico fallo judicial que anuló una multa a un conductor que había estacionado en una de estas plazas del Parc Vallès. La sentencia consideraba que los municipios pueden ordenar el tráfico y el aparcamiento "en las vías urbanas de su titularidad" (es decir, en plazas, calles o avenidas), pero no en un espacio privado como es un centro comercial. Con todo, la proposición de DiL queda abortada por el final de la legislatura y la convocatoria de nuevas elecciones generales.
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se comprometió ayer en boca del diputado de DiL, Carles Campuzano -que estuvo en Terrassa- a retomar la propuesta tras las elecciones.
