La Comisión Europea (CE) advirtió hoy de los riesgos que para la economía suponen la incertidumbre política que atraviesa España ante la próxima repetición de elecciones y las medidas que tendrán que adoptarse para corregir su exceso de déficit, por el que el país puede ser sancionado.
“La cantidad de medidas necesarias para corregir el resbalón presupuestario registrado en 2015 se añade a los riesgos a la baja sobre el crecimiento que se derivan principalmente de la incertidumbre que rodea la formación de un nuevo gobierno”, asegura la CE en sus previsiones macroeconómicas de primavera.
Los datos que contienen éstas empeoran los barajados por el Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy, en parámetros como el crecimiento, el déficit y el paro, y son la base sobre la que la Comisión tomará ahora su decisión sobre si multa o no a España por incumplir con su desvío fiscal.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, dijo que “decepcionará” a la prensa que le pidió algún tipo de indicación sobre el sentido del dictamen que Bruselas tomará previsiblemente el próximo 18 de mayo, al no revelar nada.
Sí apuntó que “hay decisiones que tienen que tomarse debido a las cifras que ya se saben y a las previsiones macroeconómicas, pero analizaremos estas cuestiones en su debido momento”, tras lo que pidió “paciencia”.
Las previsiones de la Comisión apuntan a que España logrará seguir reduciendo su déficit este año y el próximo, “principalmente gracias a la recuperación económica”, y no tanto por las acciones tomadas desde el Gobierno central que, mientras siga en funciones, solo puede aplicar medidas de contención del gasto previstas en la ley.
Este es el caso de las medidas de contención de gasto central y regional anunciadas recientemente por valor de 2.000 millones de euros cada una de ellas, aunque la Comisión avisa de que ve “riesgos en su aplicación, ya que conllevan la activa implicación de diferentes niveles de gobierno y un cumplimiento estricto”.
Con todo ello, Bruselas prevé que el desvío se situará en el 3,9 % del PIB este año y en un 3,1 % el siguiente, es decir, tardaría dos años más de lo comprometido en colocar su déficit por debajo del máximo europeo del 3 % establecido.
El ministro español de Economía en funciones, Luis de Guindos, negó hoy este extremo, al asegurar que el país “no tendrá ninguna dificultad” en lograr este objetivo el próximo año, en línea con las previsiones del Programa de Estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas, que esperan un desvío del 2,9 % en 2017.
España argumenta que la CE debe tener en cuenta el esfuerzo ya acometido por el país en la última legislatura, así como el impacto que la inflación negativa ha tenido sobre la consolidación fiscal.
Sin embargo, a la hora de decidir si impone o no una multa al país, la Comisión va más allá del análisis de un solo parámetro -en este caso la evolución de los precios- y se centra fundamentalmente en el desempeño fiscal de España en el pasado ejercicio, en el que el déficit alcanzó el 5 % del PIB, sin contar las ayudas a la banca, ocho puntos por encima del 4,2 % comprometido.
Además, las previsiones macroeconómicas publicadas muestran a una Bruselas más pesimista que el Gobierno español en términos del crecimiento de este año, cuando cree que la economía se expandirá un 2,6 % (en lugar de un 2,7 %), pero es más optimista de cara a 2017, cuando estima un 2,5 % (frente al 2,4 %).
Con todas estas cuestiones sobre la mesa, Bruselas espera ahora la celebración de las nuevas elecciones el 26 de junio.
Moscovici señaló que “corresponde a los españoles juzgar” el estado de la situación, y aprovechó para recordar en el plano fiscal “algunos esfuerzos que aún están por hacer”, como la CE advierte en los últimos meses.
Si la CE se inclina finalmente en contra de España y si los socios europeos apoyan este veredicto tras considerar que España no ha tomado medidas eficaces para corregir su déficit, Bruselas deberá recomendar en un plazo de 20 días, una multa del 0,2 % del PIB.
España sería el primer socio en recibir una penalización por incumplimiento del déficit, pero ésta puede ser reducida o cancelada incluso por la CE por razones de “circunstancias económicas excepcionales” o tras una solicitud razonada recibida por parte del país en un plazo de diez días.
