El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha defendido la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) en los ámbitos de Valldoreix y otros, contra lo que algunos grupos de la oposición y entidades han presentado en un contencioso administrativo, y les ha pedido que lo retiren porque es “grave y desleal con los intereses de ciudad”. El teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Vivienda, Damià Calvet, ha asegurado que el trámite “se ha hecho siguiendo escrupulosamente toda la formalidad de la ley de urbanismo” y ha cuestionado que los partidos presenten, sin previo aviso, un contencioso administrativo más de un año después de su aprobación. “Si hay indicios o alguien cree que se han cometido irregularidades, trato de favor o prevaricación que se persone en la fiscalía o la Oficina Antifraude o de lo contrario retiren las acusaciones”, ha declarado.
ICV, CUP, PSC y Movimiento de Izquierdas, Vecinos y Vecinas Progresistas de Valldoreix, Gent per Valldoreix y Proceso Constituyente hicieron público el pasado miércoles que han presentado un recurso contencioso administrativo contra el PGM de ordenación urbanística que afecta a diversas zonas del municipio al considerar que es de “dudosa legalidad” y que en su trámite se habría podido cometer un delito de prevaricación. Además, ERC, C´S y PP, así como la organización Muévete por Valldoreix, no han presentado la demanda judicial pero se han añadido posteriormente a la denuncia política de los hechos y reclaman, como los primeros, la revisión del plan. El plan busca dar solución al problema de las expropiaciones de zonas verdes desde hace años pero los denunciantes consideran que la solución dada beneficia algunos propietarios en detrimento de las arcas públicas y por ello reclaman su modificación pensando en el bien común de Sant Cugat.
Calvet y el presidente de la EMD de Valldoreix, Josep Puig, han defendido la modificación del plan y han afirmado que se ha hecho para solucionar una grave problemática derivada del PGM de 1976 como es la configuración de un conjunto de zonas verdes en el municipio sin ninguna medida compensatoria en el ámbito metropolitano. Calvet ha explicado que en todos los trámites del plan, los informes y valoraciones han sido positivos. El Ayuntamiento ha afirmado que ofrece total transparencia y en el próximo pleno propondrá la creación de una comisión informativa especial con los grupos de la oposición para aclarar o despejar cualquier duda de toda la tramitación. Aparte de ello, han entrado a valorar las denuncias concretas hechas este miércoles por la oposición y entidades. Así, sobre la compra de Can Busquets han asegurado que Promusa, la empresa pública, ha adquirido un total de 154.512,15 metros cuadros correspondientes a la totalidad de la finca, de los que 90.180,07 tenían aprovechamiento residencial y, de éstos, 83.474 son compensados ??dentro del ámbito de la modificación el PGM de las zonas verdes.
El resto de suelos no edificables adquiridos corresponden a suelos que se incorporan también al patrimonio público del Parque Natural de Collserola y defienden que para estos terrenos se han pagado 869.567 euros, y no 2,5 millones de euros como afirmaban los denunciantes.
En relación a Can Monmany, negaron que hubiera un compromiso de los propietarios anteriores a urbanizar nada que se haya perdonado y han añadido que en el cálculo del valor de la finca se ha detraído el coste de urbanización de las calles y de la vía de acceso y, por tanto, no se les ha pagado estos conceptos. Por último, han desmentido que “se regalara” ningún terreno por parte de la EMD al Ayuntamiento de Sant Cugat sino que aseguraron que hubo una permuta entre ambas administraciones entre estos terrenos y otros.
