El pleno del Congreso votará la próxima semana prorrogar la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración con responsabilidades familiares, y previsiblemente será el único Real Decreto que pudiera salir adelante en la XI Legislatura antes de una posible disolución de las Cortes por nuevas elecciones.
La Cámara Baja debatirá y votará el jueves la convalidación o derogación de la ampliación a un año del Programa de Activación para el Empleo (PAE), hasta el 15 de abril de 2017.
La ayuda de 426 euros mensuales dirigida a este colectivo de desempleados con dificultades de acceso al mercado de trabajo y con cargas familiares puede compatibilizarse con un trabajo por cuenta ajena.
Este Real Decreto será, casi seguro, el único que se vote en esta legislatura y en una semana de pleno que también podría ser la última si se convocan elecciones generales.
El Programa de Activación para el Empleo fue firmado entre el Gobierno y los agentes sociales en el marco del Acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo el 15 de diciembre de 2014.
Este acuerdo también perseguía aumentar las oportunidades de retorno al mercado laboral de los desempleados de larga duración a través de políticas activas de empleo.
Según el Ejecutivo, hasta el 31 de marzo de 2016 se había atendido a 161.583 parados de larga duración, a los que se les realizó un itinerario personalizado de inserción, y la prestación económica de 426 euros había beneficiado a 99.410 personas.
El Real Decreto del Gobierno puntualiza que un 16 % de los beneficiarios de la prestación han encontrado trabajo, “rozando en algunas comunidades autónomas el 30 % de inserción”.
Por otra parte, esta misma norma que será convalidada o derogada también incluye la prórroga del programa de recualificación profesional de parados que agotan la prestación, conocido como programa Prepara, hasta que el paro baje del 18 %.
Asimismo, la Comisión de Empleo del Congreso se reunirá esta semana en dos ocasiones para poder debatir y votar hasta diez proposiciones no de Ley.
El grupo parlamentario del PSOE instará a un nuevo Ejecutivo a potenciar medidas sobre la prevención de los riesgos laborales y a modificar la actual legislación para que la prevención se desarrolle en la empresa.
El grupo parlamentario de Podemos pedirá más recursos presupuestarios para frenar la siniestralidad laboral y volverá a insistir en la derogación de las dos últimas reformas laborales del PP y del PSOE, al tiempo que instará a poner medidas para luchar contra el fraude en los contratos temporales.
Ciudadanos incidirá en nuevas medidas para mejorar la protección social y facilitar el emprendimiento de los autónomos y Democracia i Libertad (DiL) instará a modificar las condiciones del contrato de relevo por jubilación parcial para potenciarlo.
También, ERC llevará una iniciativa para que las ayudas públicas o subvenciones concedidas a las empresas en relación a la investigación, la creación o el desarrollo de sus proyectos empresariales, sean devueltas en caso de que éstas hayan sido deslocalizadas.
Por su parte, el grupo parlamentario del PP propondrá modificar la Ley General de Seguridad Social para incluir la compatibilidad del cobro del 100 % de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral sea por cuenta ajena o propia.
