El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) tres leyes catalanas de reciente aprobación por considerar que invaden competencias estatales, de manera que ya son 30 las normativas surgidas del Parlamento catalán que han sido impugnadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Así lo ha explicado en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros el titular de Justicia, Rafael Catalá, quien ha considerado que esos recursos -la Generalitat, por su parte, ha recurrido 50 normas estatales en este tiempo- son la actuación normal de las instituciones cuando creen que otra está invadiendo sus competencias.
El anuncio sobre la presentación de estos tres nuevos recursos de inconstitucionalidad llega dos días después de la reunión del jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en la que este último se quejó de la excesiva conflictividad y judicialización política.
Los tres acuerdos de recurso llevan incorporada la petición al TC de suspensión de las leyes porque su contenido justifica esta medida cautelar, ha dicho el ministro.
Se trata de la ley que permite establecer un impuesto a las viviendas vacías, la de igualdad entre hombres y mujeres y la que regula la actividad de los gobiernos locales en Cataluña.
En cuanto a la primera de ellas, Catalá ha recordado que no se puede gravar por segunda vez un mismo hecho imponible y la normativa estatal ya prevé que se pueda recargar hasta un 50 por ciento el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas no ocupadas, un hecho imponible sobre el que incide el nuevo tributo autonómico.
También cree el Gobierno que invaden competencias estatales determinados artículos de la norma del Parlamento catalán sobre la actividad de los gobiernos locales, lo mismo que la ley orientada a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
“Nada que objetar al fondo de la materia”, ha precisado Catalá sobre esta última.
Preguntado sobre si Rajoy avisó a Puigdemont de estos recursos, ha señalado que lo que hizo fue poner de manifiesto “el comportamiento y la actividad cotidiana del Gobierno, que no puede ser otra que la defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico”.
Y “cuando se considera que ha habido un exceso de actuación por parte del Parlamento catalán” invadiendo competencias estatales hay que recurrir al TC para que sea el alto tribunal el que decida quién tiene la razón en este caso, ha apostillado.
Catalá ha insistido en dar imagen de “normalidad” institucional al recalcar que al TC acuden todas las instituciones cuando hay discrepancias de este tipo.
Además, ha dejado claro que el Gobierno “va a seguir trabajando, como en toda la legislatura”, para garantizar los derechos de todos los españoles, y también tiene plena disposición para colaborar con las instituciones catalanas en políticas públicas y servicios públicos, pero siempre dentro del respeto a la ley, a la Constitución y a los marcos competenciales de unos y otros.
“Diálogo y colaboración absoluta”, ha remachado.
Respecto a la impugnación de la ley 24/2015 de Cataluña, de medidas para afrontar la emergencia en la vivienda y la pobreza energética -después de los recursos contra otras similares de Canarias, Andalucía, Navarra y País Vasco-, Catalá ha indicado que todavía no se ha acabado el plazo para recurrir, que finaliza en mayo.
Ha recordado asimismo que antes de formalizar las impugnaciones existen comisiones mixtas bilaterales de expertos, que hacen un análisis “puramente jurídico” y “no político”, donde se buscan soluciones y “muchas veces se encuentran”.
A este respecto, ha subrayado que el compromiso del Gobierno es fortalecer esos mecanismos previos de cooperación y búsqueda de soluciones, tanto con Cataluña como con otros gobiernos autonómicos.
Con la ley antidesahucios aún no se ha cumplido el plazo y la voluntad del Gobierno es “trabajar con la mejor disposición” para encontrar acuerdos, posiciones comunes y resolver los problemas de la gente “y no para crearlos”.
