La Generalitat ha recaudado 11,3 millones de euros, tres más de los previstos, con la primera liquidación anual del impuesto sobre viviendas vacías, que han hecho efectivo un total de 198 entidades financieras e inmobiliarias por tener pisos deshabitados más de dos años sin causa justificada.
La recaudación ha sido superior a la estimada inicialmente por el gobierno catalán, que fue de 8 millones de euros, debido a que al final han sido más los pisos vacíos a los que se ha aplicado el pago de la tasa, según ha explicado la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, en rueda de prensa.
Estos 11,3 millones de euros permitirán ahora a la Generalitat adquirir más de 260 viviendas para destinarlas a alquiler social en aquellos 72 municipios donde hay una alta demanda acreditada.
El ejecutivo catalán aprobó el pasado mes de febrero el reglamento que despliega el impuesto sobre viviendas vacías, que tiene el objetivo de reducir el volumen de inmuebles sin ocupar e incrementar los recursos para el alquiler social.
Este impuesto grava el incumplimiento de la función social de la propiedad de inmuebles vacíos y los ingresos que se deriven han de servir a la Generalitat para ampliar la partida destinada a la compra de pisos de alquiler social, evitando así que viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias acaben en manos de fondos de inversión internacionales.
“El objetivo principal no es la recaudación, sino la movilización del parque privado de viviendas. La máxima prioridad del gobierno catalán es que los pisos vacíos puedan ser utilizados por familias y ciudadanos que lo necesiten”, ha declarado Borràs, acompañada del secretario de Vivienda y Mejora Urbana de la Generalitat, Carles Sala.
La consejera ha hecho un balance “muy positivo” de la primera liquidación del impuesto, que se ha llevado a cabo entre el 1 y el 21 de marzo de este año.
En concreto, el Govern ha recaudado 11,28 millones de euros, que han pagado un total de 198 personas jurídicas (bancos y sociedades inmobiliarias) en forma de autoliquidación.
La Generalitat destinará este dinero a la adquisición de viviendas procedentes de procesos de desahucio mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto.
