La España actual, teóricamente formada por autonomías, más bien podríamos decir que lo está por una especie de reinos de Taifas. Si bien esto ya se diseñó así, al final de la dictadura, poco a poco la situación se va complicando de tal modo que quizás algún día, en vez de reformar la Constitución, lo más práctico sea derogarla.
El hecho de que, impuestos tan confiscatorios como el del patrimonio y el de sucesiones, los paguemos sólo en determinadas comunidades, mientras otras no los han conocido jamás, permite aseverar que para nada España puede considerarse un país, una nación y menos aún aquella definición tan grotesca que hacía el régimen anterior de "una unidad de destino en lo universal".
Que cada comunidad aplique impuestos libremente, más si son como los citados, es suficiente para que algunos podamos incluso renegar de esa Constitución que, en teoría, debería hacernos a todos iguales ante la ley.
Si suponemos dos familias determinadas, en las que los progenitores contaban con el mismo patrimonio hace 40 años, unos ubicados en Madrid y los otros en Barcelona, pongamos por caso, y teniendo los mismos ingresos, año tras año, sobre todo si uno y otro están en un nivel medio-alto, daría como resultado que los herederos en Madrid recibirían una fortuna, mientras en Catalunya podría suponer una cantidad irrisoria. Y la comparación, que puede resultar odiosa, podría hacerse entre otras muchas comunidades, con variados matices, pero resultados similares. Lo curioso es que son impuestos que implantan, gravan y modulan nuestros gobernantes autonómicos con plena libertad.
Siendo quizás la más grave aberración, no es la única, pues cada comunidad hace de su capa un sayo con casi todos los temas que afectan a nuestros bolsillos y, como resultado, a su despilfarro.
En lo que sí formamos un todo es lo de las otras herencias: tanto las de cargos políticos como las de cargos en empresas donde los mandamases no son propietarios, sino que éstos están diseminados y desorganizados o son empresas del Estado, en las que sigue sucediendo exactamente lo que sucedió en las cajas de ahorros. Tenemos demasiados ex políticos importantes en los consejos de administración de las empresas de servicios públicos, después de que nuestras facturas han alcanzado los niveles que tienen, para que lo dicho sea fruto del saber de los ex ministros o de la pura casualidad.
La reciente renuncia del presidente de Telefónica, proponiendo sucesor a "su" predilecto, parece ser que pasando del consejo de administración y de la junta general, curiosamente en vísperas de que Telefónica fuese imputada en el caso Rato, es más de lo mismo, en nuestra primera multinacional, acostumbrada ya a dar empleos privilegiados a líderes sindicales, aristócratas, amigos y amiguetes.
Lo mismo sucede con los nombramientos de la mayor parte de candidatos en la política, en los sindicatos y en casi todas las instituciones en las que los que mandan y cobran son casta distinta de los que pagan o invierten; el mismo efecto se busca también con esa gran idea de renunciar al cargo el presidente, alcalde, etcétera, un tiempo antes de las elecciones, dejando en su puesto al amiguete, para que la ciudadanía le vaya conociendo a base de aparecer constantemente en los medios.
Un caso que seguro pasará a la historia será el de la ex alcaldesa de Madrid señora Botella, tanto por la maquiavélica fórmula de su ascensión al cargo como por la brillantez de su labor desarrollada.
Y todo parece indicar que son fórmulas, tanto las impositivas como las del amiguismo trepador, que no tienen visos de desaparecer de nuestro panorama.
