La pobreza se hereda y el mayor riesgo de exclusión social se da en las familias con hijos, según el último informe de Cáritas, que revela que ocho de cada diez personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia y adolescencia las están reviviendo en la actualidad como adultos.
Estas son algunas de las aportaciones del estudio “La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención”, de la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), que se ha presentado hoy en Madrid.
La pobreza de los niños en el presente condiciona la pobreza en el futuro cuando sean adultos, ha señalado el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, quien ha hecho un llamamiento urgente a diseñar las políticas públicas adecuadas, con la participación de las ONG y de la sociedad civil, para revertir esta situación.
El coordinador del trabajo de investigación, Raúl Flores, ha explicado que hay una fuerte asociación entre las condiciones de vida de padres e hijos y que no es extraño que en los centros de servicios sociales y en los espacios de las entidades que trabajan en la acción social se esté atendiendo a los nietos de aquellos a los que acompañaron hace treinta años.
El nivel de estudios, la situación laboral, la ocupación y la renta son los principales factores que contribuyen a que la pobreza se herede de padres a hijos, ha detallado Flores.
El informe refleja que, a pesar de que en España se ha universalizado la educación, ocho de cada diez personas cuyos padres no alcanzaron la primaria no han conseguido completar los estudios secundarios.
La situación laboral y la ocupación de los progenitores son factores que, además de estar relacionados con el nivel educativo que permite desempeñar unas tareas u otras, también están estrechamente ligadas a la existencia o no de una fuente de ingresos y a la cuantía de la misma.
Los problemas económicos suponen un freno a la adquisición de niveles educativos más altos, ya que cuatro de cada diez adultos que vivió su adolescencia con problemas económicos muy frecuentes no consiguió terminar la educación secundaria.
El análisis pone de manifiesto que “los hogares con menores a su cargo son más sensibles a padecer situaciones de pobreza”, ya que la incidencia de la pobreza es del 16 por ciento en los hogares sin menores, del 28 por ciento en los hogares con menores, del 42 por ciento en las familias monoparentales y del 44 por ciento en las familias numerosas.
Mora ha indicado que “las familias son las grandes olvidadas de las políticas públicas”, dado que el gasto en protección social de las familias y de los niños alcanzó en 2009 un máximo de 343 euros en 2009 y se redujo a 295 euros per cápita en 2013.
El número de hogares sin ningún tipo de ingresos se mantiene prácticamente constante desde el año 2008 y se sitúa en 712.000 hogares, de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (EPA), ha recordado.
El secretario general de Cáritas Española ha destacado que los mayores eran antes el grupo de población con mayor riesgo de pobreza, mientras que ahora se concentra en las familias con menores, debido a que la inversión en tercera edad no está cuestionada mientras que la inversión en infancia se ve como una responsabilidad de los padres.
“El informe rompe el mito formal de la igualdad de oportunidades porque ni la crisis ha sido igual para todos, ni tenemos las mismas oportunidades, ni salimos todos del mismo lugar, como pretenden hacernos ver los teóricos neoliberales”, ha reconocido Mora antes de señalar la necesidad de “construir oportunidades para la igualdad”.
Entre otras propuestas para frenar la transmisión de la pobreza de padres a hijos, Cáritas Española ha planteado un aumento de la inversión en la educación, el impulso de la atención psicológica y educativa en los servicios sociales, el acceso gratuito a la salud pública universal y la promoción de políticas sociales para reducir las desigualdades.
Asimismo, ha reclamado el desarrollo de una política de vivienda para evitar situaciones de vulnerabilidad, la puesta en marcha de una política de prestaciones universales destinadas a la familia y la infancia, el fomento de medidas de conciliación, la creación de servicios de orientación para los padres y la mejora de la coordinación de los servicios y prestaciones públicos para las familias.
