Nueve meses después de su entrada en vigor, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una iniciativa que solicita al Gobierno que derogue inmediatamente la prisión permanente revisable que recoge el Código Penal por tratarse de una pena “inhumana y degradante”, pero ante todo “inconstitucional”.
Con el único voto en contra del PP, la Comisión de Justicia ha sacado adelante una proposición no de Ley de ERC en la que se insta al Ejecutivo a derogar lo que la mayoría de los grupos han tachado como cadena perpetúa, que no responde a una demanda ciudadana, no garantiza más seguridad y choca con los principios constitucionales.
De hecho, todos los grupos han recordado que la prisión permanente revisable, que acaparó las críticas más duras de la oposición parlamentaria la pasada legislatura hacia el Ministerio de Justicia, fue aprobada sin consenso con los votos del PP y que, además, se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC).
Ahora bien, el PP se ha opuesto rotundamente a su eliminación al defender que la prisión permanente revisable “no es una cadena perpetua ni de lejos”, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que esta figura es compatible con la reinserción.
Pero más importante aun, ha dicho la diputada Silvia Valmaña, es que esta iniciativa “se dirige contra un gobierno en funciones que no puede hacer lo que la ley le prohíbe hacer”. “No está en el Gobierno en funciones hacer lo que no puede”, ha añadido.
En su defensa, la diputada de ERC Esther Capella ha manifestado que la prisión permanente “oculta una pena a perpetuidad que pretende apartar indefinidamente a las personas y no busca su reinserción”, además de vulnerar la Constitución Española.
Igualmente, Ciudadanos se ha cuestionado su utilidad y constitucionalidad, ya que entienden que “penas más duras no previenen más delitos y, además, crean una apariencia de falsa seguridad”.
“La cosmética del nombre no puede esconder que la pena será irremediablemente perpetua”, ha señalado el portavoz socialista, Juan Carlos Campo, que ha tachado la pena de “innecesaria e inconstitucional”.
En los mismos términos se ha expresado Juan Pedro Yllanes, de Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ha pedido su inmediata derogación, pues “no es una demanda de la sociedad, va contra la Constitución e infringe el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
Se trata, ha dicho Lourdes Ciuró, de Democracia i Llibertat, de una figura inconstitucional y “desmotivadora para el reo que le hace desistir de sus ansias de reinserción”. El PNV ha hecho suyos los argumentos recogidos por la propia proposición no de Ley.
