El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha recordado hoy la relevancia de internet y las redes sociales para los terroristas yihadistas, herramientas sin las cuales su capacidad de penetración no sería la misma, pues controlan entre 35.000 y 75.000 cuentas de Twitter.
Martínez ha clausurado hoy “Expocloud 2016”, un encuentro que ha reunido en Madrid durante dos días a profesionales de las nuevas tecnologías y el Cloud Computing, donde ha aludido a la doble dimensión en la que opera el terrorismo yihadista, que ha calificado como la mayor amenaza de occidente.
“El terrorismo yihadista no solo opera en una dimensión física, sino también en una virtual donde tenemos que ser especialmente activos y combativos”, ha señalado el secretario, quien ha añadido que “los terroristas del Daesh, Al Qaeda y otras organizaciones han sido capaces de utilizar la tecnología para su macabra causa”.
“Más de mil vídeos distribuidos en los dos últimos años en los que aparecen más de 1.500 ejecuciones” son algunos de los datos que ha arrojado Martínez, quien además ha asegurado que estos grupos controlan entre 35.000 y 75.000 cuentas en Twitter.
Además, el secretario de Estado ha afirmado que durante el año 2015 se incrementaron en España un 21 por ciento los ciberdelitos con respecto a 2014, y un 68 por ciento fueron fraudes y estafas informáticas.
“La ciberdelincuencia es una amenaza creciente tanto en España como en el conjunto de Europa y los datos que tenemos en la nube o en cualquier medio tecnológico se han convertido en una nueva mercancía para los ciberdelincuentes”, ha manifestado.
Como ejemplo de esta tendencia de los delincuentes a pasarse al mundo virtual ha puesto el campo de las drogas, “en 2015 se detectaron en España más de 650 sitios web que venden nuevas sustancias psicoactivas con efectos similares a las drogas clásicas”, ha sostenido.
Como respuesta a este incremento y para reforzar la ciberseguridad ha abogado por “un esquema de colaboración potente entre lo público y lo privado”, así como por el entendimiento entre las administraciones públicas que deben unir esfuerzos para “luchar contra el delito”.
