El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avisado hoy de que echará mano de la conocida como “regla de gasto” para que las comunidades no aumenten sus gastos y, de esa forma, consigan reducir el déficit, que en 2015 se disparó hasta el 5,16 por ciento debido, sobre todo, a ellas.
Montoro ha comparecido en rueda de prensa para explicar los datos de déficit público en España, que en 2015 se situó en torno a los 50.000 millones de euros (5,1 % del PIB), más de 8.000 millones por encima de los objetivos pactados con Bruselas (4,2 % del PIB), por culpa sobre todo de la desviación de las autonomías.
Según ha explicado, este incumplimiento del objetivo de déficit es debido a la desviación de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas, ya que estas últimas han sobrepasado sus objetivos en el 0,96 por ciento del PIB.
Por eso, el ministro ha señalado que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que ha presidido hoy el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha acordado una serie de medidas en pro de la corrección de esta desviación, entre ellas aplicar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la regla de gasto, que impide que éste aumente más que el crecimiento potencial de la economía.
Se trata de un instrumento de disciplina presupuestaria que pretende garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto esté limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo.
Montoro ha detallado que el primer paso para aplicar todas esas exigencias ha comenzado con una carta que él mismo ha enviado, en aplicación del artículo 25 de esa norma, instando a las comunidades incumplidoras a que hagan un acuerdo de no disponibilidad en su consejo de gobierno que garantice que los nuevos recursos que van a recibir este año no vayan a incrementar el gasto, sino que sirvan para financiar los que ya estaban realizado en 2015.
No se trata de pedir a las autonomías que recorten, ha precisado, sino que no aumenten el gasto público.
Así, respecto a las comunidades incumplidoras que recibieron fondos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2015 y que aprobaron, por lo tanto, un plan de ajuste, habrá una exigencia de que aprueben un acuerdo de no disponibilidad de créditos en su presupuesto, que permita garantizar que con los nuevos recursos que reciben se garantiza el cumplimiento con la regla de gasto.
Habrá también condiciones adicionales para las comunidades adheridas al FLA de 2016, para contribuir a la contención en la evolución del gasto, de manera que tendrán que incorporar la información mensual sobre la ejecución de la regla de gasto, la adhesión a protocolos con la industria del sector sanitario y farmacéutico o el intercambio de información a través del sistema de factura electrónica, para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.
Se activarán asimismo medidas preventivas y correctivas previstas en la ley de Estabilidad relativas al incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores de las administraciones públicas, para garantizar que reciban las cantidades adeudadas en los plazos legales.
A las comunidades incumplidoras se les pedirá el correspondiente plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente corregir la desviación detectada. Además, se efectuará una especial vigilancia de la ejecución del presupuesto 2016.
Y se adoptarán otras medidas adicionales para reforzar el marco institucional de la disciplina presupuestaria, como la publicación de los planes de ajuste de las autonomías, de la información sobre la ejecución de la regla de gasto y su cálculo, y de los requerimientos por incumplimiento de la normativa de suministro de información.
Montoro ha señalado que con todas estas iniciativas se persigue cumplir las recomendación de la Comisión de 9 de marzo, que prescribió que España debe adoptar medidas para garantizar una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo.
Con esta respuesta de urgencia se quieren evitar posibles sanciones que podrían imponerse en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo que tiene abierto España.
Con ellas se pretende un mayor control del gasto de las CCAA incumplidoras de sus objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, a fin de por estas se corrijan los incumplimientos, y se evite que continúen durante la ejecución presupuestaria de 2016.
