Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán han comparecido hoy por segunda vez como investigados en el caso de los ERE en los juzgados de Sevilla, donde han defendido la legalidad de los ERE y han ratificado sus declaraciones de abril de 2015 ante el Tribunal Supremo.
Chaves y Griñán han ratificado sus declaraciones ante el Tribunal Supremo de abril de 2015 y, por ello, han dicho que no contestaban a ninguna pregunta de las partes personadas, tras lo cual se han consignado varias de las realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y por el PP, que ejerce una de las acusaciones populares.
A su llegada, ambos han sido increpados por varios ciudadanos, que les han llamado “chorizos”, y una vez que han entrado en los juzgados, se han coreado consignas como “No hay pan para tanto chorizo” y “PSOE, PP, la misma mierda es”.
La presencia de los dos ha coincidido con la citación judicial de la concejal sevillana Cristina Honorato, de Participa Sevilla, que está acusada por una protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en una sucursal bancaria, varios de cuyos miembros se han concentrado ante los juzgados.
Las comparecencias de los dos expresidentes, acusados por el Supremo de prevaricación administrativa, y la del exconsejero José Antonio Viera, imputado además por malversación, se ha hecho dentro de la pieza de los ERE relativa al “procedimiento específico”.
Este procedimiento fue el creado por la Junta de Andalucía para ayudar a empresas en crisis, y la instrucción de esta pieza, que se sigue por prevaricación y malversación, se considera prioritaria porque afectará al resto de la causa, con casi 300 imputados.
En este procedimiento, la Junta aportó 855 millones de euros entre los años 2000 y 2012, según la cifra que fijó la juez que empezó el caso en 2011, Mercedes Alaya.
Ambos han comparecido durante una media hora ante el juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, que no les había imputado un delito en concreto y ha citado el 30 de marzo al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a dos exconsejeros andaluces.
Los dos expresidentes han entregado a los periodistas sendos comunicados. En el de Griñán se critican los “efectos mediáticos” de su presencia en los juzgados de Sevilla.
José María Mohedano, el abogado de Griñán, ha asegurado que el Gobierno español “presionó” para que su defendido hiciera el “paseíllo” en los juzgados de Sevilla y declarara por el caso de los ERE con el objetivo de tapar los nuevos casos de corrupción desvelados tras las elecciones generales.
Antes de salir de los juzgados, tras ser preguntado si estaba satisfecho, Griñán ha contestado: “Con este abogado, cómo no voy a estar satisfecho”.
El abogado ha puesto como ejemplo de la presión del Gobierno la reciente presencia en Sevilla del Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se celebrara la comparecencia de ambos expresidentes.
Mohedano también ha criticado que la Fiscalía pidiera 18 meses más para la instrucción del caso ERE, que lleva instruyéndose desde 2011, y ha pedido que se cierre ya porque “esto no es un show” para compensar otros casos de corrupción.
En el comunicado de Chaves, por su parte, se sostiene que durante su mandato, que se prolongó 19 años entre 1990 y 2009, en los Consejos de Gobierno que presidió “nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal”.
En su comunicado, Chaves asegura que se ha ratificado íntegramente en la declaración que hizo en el Supremo, donde compareció durante varias horas y contestó a todas las preguntas que le hizo la Fiscalía y el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro.
“Desde el pasado 4 de abril -cuando declaró en el Supremo- no se ha producido novedad alguna en relación con los hechos por los que presté declaración ante el Tribunal Supremo. Nada ha cambiado y mi posición no ha variado, por lo que la he ratificado en todos sus términos” ante el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, ha concluido Chaves.
El exconsejero Viera, por su parte, también se ha remitido a su declaración en el Supremo y ha dicho que solo estaba dispuesto a contestar a las preguntas del instructor, que no le ha hecho ninguna, mientras que se ha consignado una del PP sobre si firmó convenios para favorecer a empresas afines al PSOE.
