Miembros de hasta 42 Plataformas Antidesahucios (PAH) llegadas de toda Catalunya se dieron cita el sábado en el Centro Cívico President Macià, en Sant Pere Nord. Del encuentro salió el compromiso de trabajar para presionar a las administraciones, en especial a las locales, para que cumplan con la Ley 24/2015, aprobada en julio por el Parlament, que prevé medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
La asamblea forma parte de las reuniones que las PAH llevan a cabo cada mes para compartir experiencias y trazar estrategias comunes con vistas al futuro. La reunión se organiza cada vez en un municipio distinto. Este fin de semana ha tocado a Terrassa. De hecho, es la tercera ocasión en que este encuentro se desarrolla en la ciudad desde la creación de la PAH egarense (la tercera plataforma antidesahucios más veterana de España) hace cinco años.
Cesiones
"Con la Ley 24/2015, las administraciones ya tienen una herramienta importante para hacer frente a la emergencia habitacional, pero vemos que no se está aplicando con la intensidad que la situación requiere", asegura Guillem Domingo, portavoz de la PAH de Terrassa. "En la asamblea coincidimos, por ejemplo, en que los ayuntamientos no hacen suficiente para aplicar el artículo siete de la ley, que dice que si hay una familia en exclusión residencial y no existe vivienda social pública para darle una salida, se puede usar la vía de la cesión obligatoria de pisos de bancos", comenta. En Terrassa también hubo consenso sobre las cinco demandas que las PAH consideran básicas. La dación en pago retroactiva, el alquiler social, poner fin a los desahucios, el alquiler asequible y acabar con la pobreza energética.
