Tras tantos años de despidos masivos, de cierres de empresas privadas, empleos tercermundistas y paro, ha tenido que ser la polémica alcaldesa de Barcelona la que informase a la sociedad de un hecho escandaloso que se viene perpetuando en este país nuestro.
Mientras en la empresa privada todo el mundo se ha tenido que apretar el cinturón, durante muchísimos años, los privilegiados de las empresas públicas, donde las cuentas de resultados o se hacen al revés o, simplemente, sus pérdidas se financian con cargo al erario público, el personal está siempre dispuesto a echar pulsos a la dirección y, como vemos ahora con los del metro de Barcelona, lo hacen en los momentos que más perjuicio pueden provocar. Ya sea por causar molestias al ciudadano, por colapsar el funcionamiento del país, incluso con el agravante de dar la imagen de caos ante el mundo, como lo han conseguido justo los días en que se celebraba en la Ciudad Condal el Congreso Mundial de la Telefonía Móvil. Otras fechas preferidas para provocar el caos suelen ser las de inicio y regreso de vacaciones o las de Semana Santa.
Aún quienes más o menos tenían indicios de los niveles salariales de que disfrutan todos/as estos/as señores/as que de vez en cuando se permiten jugar al chantaje les ha escandalizado saber lo que la alcaldesa ha comunicado. Los sueldos medios superan los 33.000 euros y los mínimos están por encima de los 29.000.
El caso del metro de Barcelona no es una excepción entre las muchas empresas públicas de este país. Desde hace casi 30 años, la empresa privada se vio obligada a practicar curas de caballo: unas veces con despidos masivos, otras con pactos mediante los cuales el personal aceptada rebajas importantes y las más con jubilaciones anticipadas. Todos los casos han tenido como denominador común el despido de personal con sueldos elevados y, cuando se ha sustituido, que no siempre, se ha hecho con personal joven y condiciones denigrantes.
Empieza a ser hora de que la condiciones laborales de los empleados públicos se equiparen en todo a los del conjunto de la empresa privada: que se ponga fin a esa especie de "derecho de pernada" de las pla- zas "en propiedad", que se valoren los empleados por la productividad y no por la antigüedad o la influencia, y que se vaya a una equiparación real de niveles salariales, que parece ser está más de un 30% por encima en el sector público que en el privado.
A veces, me imagino a algunos ejecutivos de multinacionales poniendo orden en ese gran monstruo que constituye todo el sector público, con plenos poderes para poner orden, suprimiendo duplicidades y enchufes, valorando productividad, etcétera. Y , a ser posible, todo ello con absoluta independencia de partidos y personajes. Detrás de este problema se esconde la mayor parte de nuestro abultado déficit.
