Una empresa de Terrassa, cuando menos, figura como víctima en una macroestafa ejecutada con el procedimiento del “nazareno”, consistente en adquirir material que los estafadores no pagan. El timo está bien urdido, pues los delincuentes llevan a cabo estrategias para inspirar confianza a los vendedores. Una treintena de empresas denunció el timo. Ocho individuos están acusados en un juicio que se celebrará, en principio, a partir del próximo lunes en la sección décima de la Audiencia Provincial.
El fiscal explica que los acusados se repartían las misiones para desarrollar un plan de estafa diseñado por uno de ellos y por otra persona que ya ha fallecido. Lo desplegaron entre principios del 2004 e inicios del 2005 en diversas partes de España. Según el Ministerio Público, la red constituyó o utilizó sociedades mercantiles “dando una apariencia de solvencia para adquirir diversidad de mercadería”; primero se dedicaron al sector alimentario y luego ampliaron negocio con electrodomésticos, cocinas “e incluso material para la construcción”. Entregaban cheques, pagarés o letras de cambio “pagaderas siempre a treinta, sesenta o noventa días, asociadas a cuentas sin fondos”. El grupo transportaba la mercancía a almacenes para venderla después a precios muy inferiores a los del mercado. Uno de los acusados tenía una tienda en la que ofrecía los productos.
El cebo
Un individuo se hacía pasar por dueño de un grupo de empresas (algunas eran usadas sin el consentimiento de sus propietarios), preparando el cebo. Los delincuentes, que llegaron a suscribir seguros para sus industrias, remitían información a multitud de empresas, recibían a clientes y realizaban los pedidos, y concertaban el envío y depósito del material con siete almacenes suyos responsables eran ajenos al origen ilícito del género.
Compraron, sin pagar, aceite, electrodomésticos, productos cárnicos, bebidas, jamones, quesos, harina, material de construcción, vinos, conservas, baterías, cuberterías, radiadores, aparatos de aire acondicionado… Al menos una de las sociedades estafadas estaba radicada en Terrassa y se dedicaba a la distribución de vinos.
El montante de la estafa superó el medio millón de euros. La empresa egarense perdió casi 4.500, pero otra de Madrid resultó perjudicada en 187.000. El fiscal pide al tribunal que cada acusado sea condenado a ocho años y seis meses de prisión por un delito de estafa continuado, y que paguen a las víctimas el dinero timado.
