Rafael Ribó aprovechó ayer el encuentro que mantuvo con la Cecot para referirse al caso Castor. La patronal terrassense y el propio Síndic de Greuges han encabezado el movimiento reivindicativo contrario a que los consumidores deban asumir las indemnizaciones de la empresa promotora, método aprobado por el Gobierno mediante un Real decreto. El síndico confía, según manifestó ayer, que la Comisión Europea anuncie públicamente que llevará a cabo una investigación en toda regla, como le han solicitado la Cecot y el Síndic, este último a través del Defensor del Pueblo Europeo. De momento, la CE ha solicitado información al Gobierno sobre la indemnización pública de 1.350 millones que recibió Escal UGS, la concesionaria del Proyecto Castor, el fallido almacén submarino de gas natural situado frente a la costa de Vinarós. Escal UGS está controlada al 66,7% por la constructora ACS. Las pesquisas de Bruselas son todavía preliminares y suponen el paso previo a un eventual expediente oficial. Si los inspectores de Competencia ven indicios suficientes, abrirían una investigación en profundidad para determinar si la indemnización ha supuesto una ayuda de Estado ilegal. En caso de que la Comisión declarase que ese pago es incompatible con la normativa de competencia de la UE, Escal debería devolver el importe recibido.
