El Defensor del Pueblo recibió el pasado año 17.822 quejas, un 23,13 % menos que en 2014, y las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos han sido las relacionadas con la administración de justicia, la actividad económica, la seguridad pública y con el empleo y la seguridad social.
La Memoria Anual de 2015 que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado hoy al presidente del Congreso, Patxi López, recoge la actividad de la institución en un año en el que las actuaciones de oficio aumentaron un 6,7 por ciento hasta alcanzar los 522 expedientes.
Asimismo, se formularon 706 recomendaciones, de las que las administraciones aceptaron 311, rechazaron 95 y 300 están pendientes de respuesta, además de proponer 613 sugerencias (324 aceptadas, 112 rechazadas y 177 pendientes).
Tras indicar que desconoce exactamente las causas del descenso del número de quejas, Becerril ha señalado que, a lo largo del año pasado, se ha notado “una mejoría en las carencias y necesidades de los ciudadanos, aunque las huellas dejadas por las varias crisis económicas todavía persisten”.
Entre las cuestiones que más han preocupado a los ciudadanos ha destacado los retrasos en la Administración de Justicia, así como el voto por correo y desde el exterior y las más de 400 quejas procedentes de autoescuelas por agresiones a los examinadores por alumnos que suspenden el examen, entre los asuntos de Interior.
También ha señalado las quejas sobre bancos y servicios (electricidad y gas) en el ámbito de la economía, las listas de espera en sanidad y las prestaciones por incapacidad, pensiones, subsidios por desempleo o renta activa de inserción en materia de empleo.
Madrid (4.899), la Comunidad Valenciana (2.266), Andalucía (2.173) y Cataluña (1.542) son las autonomías que presentaron un mayor número de quejas.
Por el contrario, La Rioja (117), Cantabria (216), Extremadura (306) y Baleares (328) figuran entre las regiones que plantearon un menor número de quejas, además de las ciudades autónomas de Ceuta (48) y Melilla (35).
La defensora del Pueblo ha resaltado que la institución tarda una media de 29 días en responder a las quejas de los ciudadanos y 47 en emitir una resolución tras recibir la respuesta de la Administración.
El informe de este año, ha precisado, refleja la introducción de las tecnologías informáticas en la forma de trabajar del Defensor del Pueblo con el objetivo de establecer un relación “más rápida y directa” con los ciudadanos, las instituciones y las distintas organizaciones sociales.
Entre otras actuaciones, Becerril ha celebrado la creación de un sistema sencillo de clasificación de productos financieros en función del riesgo, mediante un sistema de colores o de números, cuya puesta en marcha planteaba desde hace años.
Ha recalcado la importancia de la ley de segunda oportunidad para lograr que las familias con un alto endeudamiento, afectadas por circunstancias imprevisibles y fuera de su control, puedan disponer de soluciones para fragmentar los pagos.
La institución también ha recomendado a los ayuntamientos y comunidades autónomas que pongan el parque de vivienda pública en alquiler “a precios razonables” a disposición de las familias en situación de vulnerabilidad.
En materia migratoria, Becerril ha mostrado su preocupación por la crisis de los refugiados y ha solicitado que se refuerce la atención de estas personas para resolver su situación “lo antes posible” y procurar su integración.
El Defensor del Pueblo ha pedido que la voz de las víctimas del terrorismo pueda ser escuchada en organismos internacionales y que a través de la acción exterior de España se pueda dar conocer el daño y el dolor producido por el terrorismo.
